La juez de los ERE cierra los interrogatorios a políticos

El ex viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá, cerró ayer la tanda de comparecencias de altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público, dos de los cuales -el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero- permanecen aún en prisión a la espera de poder reunir las elevadas fianzas impuestas hace escasas semanas. El caso acumula ya más de 60 imputados, aunque algunos de ellos todavía tendrán que acudir a declarar ante la juez Mercedes Alaya a finales de verano.

En una comparecencia atípica en cuanto a su duración, Barberá se acogió a su derecho de no declarar tras escuchar cómo, durante casi una hora, la juez le leía los cargos en su contra, diferentes según su letrado de los motivos que llevaron a su imputación el pasado mes de febrero. En concreto, ahora se le acusa de cuatro delitos continuados de malversación de fondos, prevaricación, falsedad de documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.

Fuentes judiciales explicaron que Alaya sostiene que Barberá tuvo conocimiento cuando asumió su cargo de que el convenio marco instaurado en 2001 para conceder las ayudas «institucionalizaba la arbitrariedad y desigualdad» a la hora de repartir los fondos. E insiste en que al no existir ningún control sobre dichas ayudas, permitió «un uso llamativamente abusivo de los fondos públicos» al dar el visto bueno a los pagos ordenados por el director general de Trabajo. Así, al igual que en anteriores autos de imputación, la juez hace hincapié en que los principales beneficiarios fueron un extenso grupo de personas «cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta, a sindicatos y al PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación o conveniencia política». En concreto, y según fuentes judiciales, Alaya considera que durante la etapa de Barberá se concedieron «de forma indiciariamente arbitraria» 27 ayudas directas y 220 ayudas sociolaborales (prejubilaciones) por un importe total de 468 millones de euros.

Tras su negativa a declarar, Barberá quedó en libertad con cargos y la obligación de comparecer semanalmente en los juzgados. No obstante, la jueza no se pronunció sobre la fianza por responsabilidad civil, que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP -parte personada en el caso- elevan a 624 millones, mientras que la Junta la sitúa en 18 millones.