Gallardón esgrime que la ONU recomienda proteger a los discapacitados en el aborto

Atento a la polémica que ha generado el anuncio de la reforma de la ley del Aborto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sacó ayer una batería de recomendaciones legales para continuar adelante con su intención de suprimir el supuesto de la malformación del feto para abortar. Según fuentes del Ministerio, la reforma, prevista para antes de octubre, responde a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que aconsejó a España suprimir la distinción de plazos de interrupción del embarazo por motivos de discapacidad.

Esta convención, ratificada por España el 21 de abril de 2008, incluía, entre otras, esa recomendación. Se refería explícitamente a ley del Aborto de 2010, aprobada por el Gobierno socialista. Esa norma despenalizó el aborto durante las primeras 14 semanas, un plazo que se amplió hasta las 22 semanas de gestación cuando exista un «riesgo de graves anomalías en el feto», y superando ese periodo si «se detecta en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable».

Ya entonces, la comisión de la ONU propuso al Gobierno la supresión de dicha distinción «en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente».

Fecha límite

El Ministerio de Justicia recoge ahora el guante y defiende que el plazo fijado para cumplir estas recomendaciones es el 3 de diciembre de 2015. En el artículo diez del convenio, titulado 'Derecho a la vida, señala: «Los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás».

El comité de seguimiento para el cumplimiento de este texto emitió un informe en octubre de 2011 en el que recomendó a España suprimir esa distinción por discapacidad en el aborto.

Alberto Ruiz-Gallardón ya defendió el pasado martes en el Congreso que los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles y que este principio debe aplicarse «para aquellas personas que han nacido» y para las «personas que están en proceso de nacer». Asimismo, el ministro recordó ayer que la reforma será acorde a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Por su parte, la portavoz médico de Derecho a Vivir, Gádor Joya, reclamó al ministro que «siga la lógica hasta el final» para abolir «completamente» el aborto, toda vez que contempla eliminar el aborto eugenésico.

«El aborto eugenésico es un supuesto de discriminación contra seres humanos discapacitados. Proteger su derecho a la vida es un principio ético y jurídico elemental. Ahora bien, el argumento de la no discriminación, implica que hay que proteger toda vida humana, no solo la de las personas con discapacidad», resaltó la portavoz de un colectivo, habitualmente muy activo en la calle.