La reforma para dar el voto a los 'exiliados' por ETA será en 2013

El Gobierno y el Partido Popular están dispuestos a discutir «matices» para contar con el mayor consenso en el Parlamento, pero no van a renunciar a la «esencia» de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que dará luz verde a que los vascos y navarros que abandonaron sus comunidades por la amenaza del terrorismo puedan volver a votar en Euskadi y en la comunidad foral. En el Ejecutivo y en el grupo popular -explican responsables de ambas instituciones- no hay prisa, porque la intención no es llegar a los próximos comicios vascos, pero tampoco quieren que el tema se pierda en «debates estériles» porque aspiran a que el texto esté en vigor dentro de un año, como máximo.

La idea de Interior y de los populares es que los contactos con el resto de partidos con representación parlamentaria no se demoren y empiecen a la vuelta de las vacaciones. El Gobierno, que apenas unas horas después de recibir el miércoles el informe favorable a la reforma del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) se lo entregó a los grupos y a los gobiernos de Pamplona y Vitoria, se ha fijado como objetivo primordial obtener el apoyo del PSOE. Aunque oficialmente, como dijo el titular de Interior, Jorge Fernández, el Ejecutivo también quiere pactar la reforma con el PNV, en Moncloa y en Génova consideran «prácticamente imposible» conseguir el respaldo nacionalista sin «adulterar» el proyecto.

Para el Gobierno, la acogida del proyecto por parte de los socialistas, que estaban al tanto del contenido de la informe de CEPC, ha sido bastante positiva. Al menos en Madrid. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, explicó que su grupo tiene que estudiar con «detenimiento» el borrador de los expertos, pero adelantó que, «en principio», el PSOE no tiene una postura contraria a la iniciativa.

El secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Eduardo Madina, sin criticar al Gobierno, puso el acento en que hasta ahora la ley electoral se ha tocado siempre con «amplios consensos» entre los «partidos mayoritarios» y señaló que esa debe ser la máxima que guíe al PP y al Ejecutivo.

Las voces discrepantes socialistas con el proyecto vinieron desde Euskadi. El secretario general del PSE de Álava, Txarli Prieto, llegó a apuntar que el gabinete de Mariano Rajoy, con esta iniciativa, solo pretende «provocar polémica», al tiempo que busca «publicidad y autobombo».

«No es pertinente»

Ni en la Moncloa ni en Interior sorprendieron las reticencias del PSE ni las críticas sin ambages del PNV. En el Gobierno aseguran ser «extremadamente pesimistas» sobre la posibilidad de un pacto con los nacionalistas, máxime después de escuchar a su portavoz en la Cámara baja, Josu Erkoreka, quien aseguró que la reforma «no es pertinente» porque la «presión» de la amenaza terrorista «ya no existe».

Erkoreka, en declaraciones a ABC Punto Radio, explicó que en la actualidad es «posible» vivir y «votar libremente» en el País Vasco y arremetió contra el proyecto de Interior por su falta de «garantías». Según el diputado, el texto abre las puertas a «manipulaciones fraudulentas» del censo.

El portavoz nacionalista se mostró molesto con las formas con las que el Gobierno ha planteado el asunto y que, en su opinión, van a hacer más complicado el consenso parlamentario: se ha presentado a la opinión pública sin debatirlo antes lo que «entraña más dificultad para alcanzar un acuerdo».

Con estas posiciones de salida, el PP cuenta con tener el apoyo de UPyD y UPN y se quiere volcar en ganarse el respaldo de los socialistas. Eso sí, advierten de que no se van a tocar la «filosofía» del texto y solo están abiertos a discutir «matices» como los plazos para pedir el alta censal o las exigencias que se pedirán a los aspirantes para votar en Euskadi y Navarra.