El Constitucional obliga a Euskadi a aplicar el copago

El intento del lehendakari Patxi López de poner a los ciudadanos vascos a salvo del decreto de Mariano Rajoy que impone el copago farmacéutico a los pensionistas y eleva el porcentaje a abonar por los activos ha durado solo un mes. El Tribunal Constitucional comunicó ayer al Gobierno vasco que debe aplicar el real decreto del Ejecutivo central que ampliaba el copago de inmediato y en todos sus términos.

La razón es que la corte aceptó a trámite el conflicto de competencias interpuesto por Rajoy contra el decreto de López, de 26 de junio, que establecía que los pensionistas, parados sin prestación y demandantes de renta social estaban exentos del pago de las medicinas en Euskadi, al mismo tiempo que reiteraba la asistencia sanitaria universal sin restricciones, incluida la de los inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia.

Según recoge la Constitución, siempre que el Estado impugne una norma autonómica y reclame su suspensión cautelar, la parálisis es automática en cuanto se produce la admisión a trámite y tiene una duración máxima de cinco meses, tras los que el tribunal tiene que levantar o prorrogar la suspensión si aún no ha resuelto sobre el fondo del recurso.

La interposición del conflicto de competencias fue la respuesta de Rajoy al desafío de López. El recurso, que ahora puede ser respondido por el Gobierno vasco en el plazo de 20 días, defiende que el Ejecutivo de Euskadi usurpó en su regulación materias de competencia exclusiva del Estado y vulneró una ley básica estatal. El Gobierno central cuenta con un informe favorable a sus intereses del Consejo de Estado, que ratifica la vulneración de la ley básica señalada.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy también logró que el Constitucional prorrogase ayer, por idéntico artículo de la Carta Magna, la suspensión de la subasta de medicamentos convocada por la Junta de Andalucía, que ya está paralizada desde abril, con la que el Ejecutivo autonómico pretendía lograr una notable rebaja del presupuesto de farmacia sin tener que recurrir a métodos más lesivos para los ciudadanos como el copago.

El recurso del Estado defiende que la legislación andaluza invade competencias exclusivas del Ministerio de Sanidad al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos, cuando carece de atribuciones para ello.