El Consejo indemnizará a Dívar con 208.000 euros por obligación legal

Antes de anunciar su dimisión, el pasado 21 de junio, Carlos Dívar ya barruntaba la posible indemnización que recibiría del Consejo General del Poder Judicial por «renunciar» como presidente por los polémicos viajes de fin de semana que cargó a protocolo.

El 30 de junio, tras formalizarse su «cese», no dimisión, en el Boletín Oficial del Estado, Dívar, de 70 años, pasó a engrosar la lista de jubilados como exmagistrado con 40 años de servicio y a percibir la máxima pensión prevista: 2.500 euros al mes.

Su nueva situación retributiva, sin embargo, no debió de complacerle, porque en los primeros días de julio hizo llegar al Consejo su intención de no renunciar a la indemnización que le reconoce la ley de retribuciones de altos cargos para casos de cese.

La comisión Presupuestaria del Consejo recibió la solicitud y cuantificó la compensación en 208.224 euros. Se trata del 80% de su retribución bruta como cuarta autoridad del Estado durante un periodo no superior a dos años.

Para solventar las «dudas legales» de la petición, nunca antes un presidente del Poder Judicial había dimitido en pleno mandato ni exigido una compensación, la comisión Presupuestaria reclamó a Estudios e Informes una aclaración. Y la respuesta se conoció ayer. «La ley ampara dicho cobro por su condición de ex alto cargo del Estado, aunque ello le obliga a renunciar a su pensión de jubilación los 24 meses que dure la percepción de la indemnización», dice.

La decisión, no obstante, se aprobó por la mínima, tres vocales contra dos. Una de las consejeras contrarias, la progresista Margarita Robles, no vio legalmente precedente la indemnización puesto que la voluntad de la ley es reconocer a los cargos que han cumplido su mandato o se han visto abocados a dejarlo antes por razones justificadas, como puede ser por enfermedad, argumentó.

El otro vocal que no votó a favor, el progresista Carles Cruz, prefirió abstenerse y no pronunciarse a la espera de que la cuestión fuera examinada con mayor profundidad. Por el contrario, la nacionalista Margarita Uría y los conservadores Claro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel consideraron que la ley le daba derecho a Dívar a ser indemnizado.

No hay más debate. Es un imperativo legal que el Consejo debe cumplir. Esto es lo que vino a decir ayer el nuevo presidente Gonzalo Moliner, porque de lo contrario sería «incumplir la ley». «El informe no puede decir otra cosa. No hay otra posibilidad. Está reglamentado y si no lo hiciéramos incumpliríamos la ley», precisó en un acto en el Tribunal Supremo con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que prefirió no pronunciarse sobre un asunto «interno» del Consejo.

La decisión final la tomará la comisión Permanente, aunque en el pleno del Consejo del próximo lunes, el último antes de las vacaciones, se verá la manera de pagar esta indemnización.

Paga mensual

En principio, en el pleno se aprobará el presupuesto del órgano de gobierno de los jueces para 2013. En ese plan se incluirá una partida destinada a pagar la compensación de Dívar para el próximo año, unos 104.000 euros, que recibirá mensualmente, mientras que el resto se pagará en 2014.

El «problema» principal surge con los cinco meses de indemnización de este año, unos 43.000 euros, ya que el presupuesto para este curso ya está aprobado. Por este motivo, el pleno incluirá una consideración para pedir al Ministerio de Hacienda que libere ese dinero. En principio no debería de haber inconveniente porque el Consejo devuelve cada año un 20% de los gastos estimados, señalan fuentes del órgano judicial.

Se da la paradoja de que el presidente Moliner ha llegado al Consejo con la tijera y casi la primera decisión que va a adoptar será la indemnización que ha solicitado su antecesor. Una situación que no ha caído nada bien entre los vocales consultados, dado que «no es estético» en un momento de tantas dificultades económicas.

Tampoco desde la asociación Jueces para la Democracia se comprende la actitud de Dívar, ya que «resulta difícilmente comprensible para la sociedad en un momento en el que se exigen tantos esfuerzos a los ciudadanos».