El lunes acaba el plazo para presentar la denuncia del desfalco

El lunes se cierra el primer procedimiento del proceso judicial abierto por el Tribunal de Cuentas, como consecuencia del supuesto robo de 7,8 millones de euros que se ha cometido en la caja municipal. Un periodo de tiempo que ha servido para que los implicados se presenten en el caso, así como para que el interventor y la tesorera, soliciten su anulación debido a fallos formales en la propuesta de responsabilidad realizada por la Cámara de Cuentas, recurso que fue rechazado.

Lo que aún se desconoce es si el Ayuntamiento ha presentado o no su demanda. El Consistorio no se quiere pronunciar sobre el tema por el momento, ya que, como se ha expuesto en otras ocasiones por concejales del Partido Popular y por el propio alcalde, José Loaiza, lo que se quiere es dejar trabajar a la Justicia, para que se resuelva cuanto antes el suceso y se recupere por las autoridades competentes tanto dinero como se pueda.

Pero, hasta ayer a los implicados no les ha llegado ninguna notificación sobre este asunto, cuando el plazo finaliza este lunes. Claro que no es tan sencillo, ya que además de presentar la denuncia, el Gobierno de la ciudad debe especificar a quién considera responsable de lo que ocurrió en la caja municipal durante más de cinco años y, sobre todo, quiénes son las personas a las que se le reclama el dinero desaparecido.

Aquí comienzan las complicaciones. Según el informe remitido al órgano contable por parte de la Cámara de Cuentas, se considera responsables directos a los cajeros municipales y subsidiarios a los anteriores alcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, a los dos últimos interventores y a la tesorera. La cifra, según los intereses que se debe restaurar, tal y como indica la institución fiscalizadora, supera los nueve millones de euros y si los primeros no pueden hacer frente con sus patrimonios será el segundo grupo el que tenga que entregar sus posesiones. Esto es así porque a los cajeros se les presupone la intención de lo acontecido mientras que al resto la dejación de funciones.

Pues bien, dentro del proceso el Ayuntamiento ahora puede elegir, siempre y cuando presente una demanda, si deben pagar solamente los actuales imputados o todos. Resulta (y así lo atestiguan los informes policiales) que ni Clemente Ruiz, ni María José Lebrero cuentan con suficientes propiedades para hacerse cargo de una cantidad tan elevada. Una cifra que tampoco se alcanza incluyendo el patrimonio del resto de implicados en esta causa. Eso sí, todos se enfrentan a la posibilidad de perder sus posesiones y el interés radica en conocer la responsabilidad administrativa que considera el Tribunal de Cuentas que tiene cada una de las personas que fueron responsables de las decisiones, controles y manejo del dinero de la caja municipal.

En el caso de que el Ayuntamiento no presentase la demanda (el término legal que le corresponde es deducir demanda), existiría la posibilidad de que la causa fuera archivada siempre y cuando la Fiscalía no estimase actuar de oficio. Pero el Consistorio quiere aclarar lo ocurrido y por ello tras la renuncia del letrado municipal, decidió encargar de forma inmediata a un abogado de prestigio de la Diputación el tema, para que le diera agilidad y defendiera los intereses de la ciudad, en uno de los asuntos más turbios a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su historia más reciente.

Actitud «irreprochable»

El PP ya manifestó que tiene la conciencia tranquila. La formación considera que su actitud al frente del Gobierno local, en cuanto al desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal, es «irreprochable». Prueba de ello radica precisamente en la libertad que se le ha dado al nuevo letrado para que realice las acciones que considere oportunas y que sean mejores para el Consistorio.

Un trabajo que se está realizando desde la prudencia y la discreción. Y es que el actual equipo de Gobierno no quiere que se creen falsas alarmas ni que el proceso se convierta en una especie de 'show', basado en especulaciones por parte de los partidos de la oposición. Especialmente del PSOE, al que tanto el PA como el PP han acusado de buscar un rédito político con el desfalco en vez de velar por los intereses de los isleños.

Precisamente por ello se desconoce aún si el Ayuntamiento ha elevado o no su denuncia al Tribunal de Cuentas, aunque si la respuesta es negativa le queda poco tiempo para hacerlo. Lo que no quiere decir que el resto de partidos políticos no vayan a ser informados de los avances en el proceso por parte municipal, ya que existe un compromiso de transparencia en las decisiones que se tomen por el desfalco. Tan solo que se notificará en el momento oportuno y cuando se tenga certeza de que no interfiere ni en el proceso judicial ni en los intereses del Consistorio.

Es uno de los motivos por el que no se ha creado una comisión para que todos los grupos municipales traten estos asuntos, ya que las decisiones judiciales referentes al Consistorio recaen en el alcalde y la Junta de Gobierno. Así al menos lo certifica un informe de la Secretaría General.

Sea como fuere, lo que se espera ahora por parte de los implicados es que el Tribunal de Cuentas inicie una nueva fase en el proceso y que durante los próximos meses se les llame a declarar y a interponer los recursos oportunos, sobre su supuesta responsabilidad en lo ocurrido en la caja municipal.