El juez sopesa acusar a Fernández Díaz de filtrar datos sobre el 'caso Cordón'
La Guardia Civil niega que rompiera la cadena de custodia sobre la comisión rogatoria, pero admite que hizo una «copia de trabajo»
MADRID. Actualizado: GuardarLa crisis abierta entre la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior no amaina. El juez Javier Gómez Bermúdez no tiene intención de dar su brazo a torcer y ya sopesa pedir al Supremo que investigue si el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, incurrió en un delito de revelación de secretos cuando el pasado viernes desveló en rueda de prensa algunos datos hasta entonces confidenciales sobre la investigación del secuestro de Publio Cordón.
El magistrado, según fuentes del tribunal de la calle Génova, decidirá si eleva una «exposición razonada» al Supremo sobre la filtración una vez valore el informe que ayer le entregó la Guardia Civil sobre quién pudo tener acceso a la ya famosa comisión rogatoria internacional 0000006/1995 remitida por Francia y que dio lugar a la operación en la que se detuvo la pasada semana a cuatro presuntos grapos acusados del secuestro.
Según fuentes antiterroristas, el documento entregado al magistrado es aséptico, descriptivo, pero tajante: en ningún momento se rompió la cadena de custodia de la comisión. El instituto armado, tal y como le había ordenado el juez, a las 9.00 de la mañana de ayer entregó a Gómez Bermúdez el atestado sobre la custodia de aquellos documentos, después de que el juez de la Audiencia Nacional abriera el pasado sábado una investigación por posible delito de revelación de secretos, después de que varios medios publicaran datos -oficialmente confidenciales- sobre el operativo en Francia que, finalmente, desembocó en la captura de los supuestos captores del empresario.
En su escrito, la Guardia Civil da a entender que si hubo alguna filtración del contenido de aquellos papeles es ajena a su responsabilidad y garantiza que el documento que se entregó al juez era el original. El informe detalla con todo lujo de detalles la llegada a Barajas de la comisión rogatoria a bordo de un avión procedente de París y quién fue el mando que la recogió y la llevó al Servicio de Información de la Guardia Civil antes de que el original de documento fuera remitido a la Audiencia Nacional. La institución admite que, como es habitual, se hizo una «copia de trabajo» para que fuera usada «exclusivamente» por los investigadores del caso, pero que eso, en modo alguno, es una ruptura de la cadena de custodia.
«Probable daño a la causa»
El pasado sábado Gómez Bermúdez justificó la apertura de una investigación sobre el trabajo de la Guardia Civil por el «probable daño para la causa» que habían provocado la filtración de algunos datos. No obstante, la mayoría de los medios de comunicación se hicieron eco de los datos que el pasado jueves aportó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una rueda de prensa en el Congreso. El ministro reveló la ciudad donde estuvo secuestrado Cordón (Lyon), la existencia de un testigo protegido (el grapo Fernando Silva, aunque Fernández Díaz no dio el nombre), el habitáculo donde estuvo encerrado (armario-zulo), cómo se escapó y cómo murió al caer por una ventana.
La decisión de Gómez Bermúdez de abrir una investigación a la Guardia Civil provocó un profundo malestar en el cuerpo. Pero el juez no solo enfadó al instituto armado, sino también a la familia del propio empresario, al dejar en libertad bajo fianza a dos de los cuatro detenidos: Vicente Sarasa, detenido el pasado jueves en Cádiz y que el lunes abandonó la prisión de Soto del Real al abonar los 10.000 euros de caución, y Manuela Ontanilla, capturada en Sevilla y quien también ha logrado reunir el dinero para salir libre.
Ayer, el juez aceptó recibir a la familia de Cordón. Su viuda, Pilar Muro, y sus hijas María y Carmen Cordón. Durante la hora de reunión en la sede del Juzgado Central de Instrucción número 3 de este tribunal, el magistrado explicó a los familiares que la falta de pruebas concluyentes sobre la participación de Ontanilla y Sarasa en el secuestro hacían imposible decretar su encarcelamiento incondicional. No obstante, garantizó que llegará hasta el final en esta investigación, que todavía no ha dado por concluida.