El Constitucional aclarará si Rajoy puede imponer recortes a las autonomías

El Tribunal Constitucional decidirá en los próximos meses si el Gobierno de Mariano Rajoy vulneró o no la ley al imponer a las comunidades autónomas recortes del gasto y cambios en el funcionamiento y organización de múltiples servicios sociales que gestionan en ejercicio de sus competencias.

El tribunal se verá obligado a estudiar toda la batería de recortes que Rajoy ha impuesto a través de reales decreto desde el mes de mayo, el mayor ajuste del gasto de la historia de la democracia, y que suponen notables 'tijeretazos' en educación, sanidad, salarios de los funcionarios, servicios de ayuda a la dependencia, horarios comerciales, y en otros ámbitos recogidos en los estatutos de buena parte de las autonomías.

La corte se declaró competente para analizar este asunto el pasado día 16, en un pleno previo a la renovación de cuatro de sus magistrados, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de los reales decretos de cambios en la sanidad y en la educación presentado un mes antes por el Parlamento de Navarra. Los recursos se presentaron con los votos de los socialistas, de Nabai, Bildu y la IU local, y de UPN solo en el decreto en materia educativa. El PP votó en contra.

El de Navarra ha sido el primero, pero el tribunal tendrá que decidir también si admite estudiar otros recursos similares y sobre los dos mismos decretos gubernamentales que ya tienen anunciados los gobiernos de Euskadi, Andalucía, Asturias, y Cataluña.

Es el reflejo de la polémica desatada en las conferencias sectoriales donde el Gobierno anunció sus intenciones a las autonomías y donde las regiones gobernadas por los socialistas y los nacionalistas de CiU denunciaron una violación competencial y las primeras además protestaron también por la imposición de una recortes de derechos sociales con los que estaban en total desacuerdo.

Invasión de competencias

El recurso navarro contra los recortes en educación denuncia que el Estado con sus disposiciones ha invadido las competencias forales en organización de la enseñanza y régimen estatutario de los funcionarios, modificando unilateralmente la jornada lectiva del profesorado o imponiendo un nuevo sistema para poder abordar las sustituciones de docentes. En el caso del decreto de la sanidad, fundamentalmente denuncian que el Gobierno de Mariano Rajoy abusó del instrumento del decreto-ley sin haber justificado la «urgente necesidad» que requiere este mecanismo extraordinario. En su opinión, deberían haber aprobado un proyecto de ley, para después tramitarlo de manera ordinaria en el Parlamento.

Los recursos que llegarán de las comunidades socialistas amplían los puntos de posible inconstitucionalidad del decreto de sanidad, porque también denuncian la intromisión ilícita en el ejercicio de varias de las competencias.

Sin embargo, el Constitucional acabará por pasar el filtro a la legalidad de toda la batería de recortes de servicios decretados por el Gobierno. De hecho, el Gobierno vasco acordó hoy recurrir también ante el tribunal la ley de Presupuestos del Estado de 2012, probada en junio, y el último gran decreto-ley de recortes, que quita este año la paga de diciembre a todos los trabajadores públicos, que suprime o rebaja buena parte de las prestaciones de la ley de Dependencia, que modifica las prestaciones y subsidios de desempleo y que liberaliza de forma total los horarios comerciales.

La portavoz del Ejecutivo de Euskadi, Idoia Mendia, informó de que su departamento jurídico ya trabaja en los recursos porque consideran que el texto gubernamental invade competencias y «desnaturaliza» el estado autonómico dentro de una deriva que califica de «recentralizadora». Considera que los decretos de Rajoy invaden la autonomía organizativa en función pública, los acuerdos de negociación colectiva y limitan las competencias de ordenación del comercio. No obstante, dijo que antes de presentar los recursos tratarán de limar las diferencias en una reunión bilateral.