Soledad Becerril se ofrece a suplir a los defensores autonómicos

Soledad Becerril se convirtió ayer en la primera Defensora del Pueblo de la historia. La exalcaldesa de Sevilla y miembro del PP se comprometió en su toma de posesión a desempeñar su cargo con «dedicación», en una institución «austera» y a hacerlo con «rigor e independencia». De igual forma, se ofreció a suplir el trabajo de sus homólogos autonómicos si es que alguna de las comunidades precisa suprimir la institución obligada por la política de ajustes.

Becerril se postuló para representar a todos los españoles independientemente de la existencia o no de figuras similares en doce autonomías, que desarrollan su labor en paralelo a la de este cargo nacional creado por la Constitución. Cataluña, Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana o Galicia son algunas de las regiones que tienen sus propios defensores del pueblo contra las arbitrariedades de la administración autonómica, lo que en tiempos de crisis es visto por muchos como una duplicidad. En el caso de Cataluña, la oficina del 'Síndic de Greuges' dispone de un presupuesto cercano a los siete millones de euros anuales. En Andalucía, el gasto supera los cinco millones de euros.

La exalcaldesa de Sevilla dijo que su intención es dirigir «un servicio público con verdadera dedicación a los ciudadanos con independencia de donde residan». La crítica situación económica, de hecho, está provocando que todas las comunidades revisen sus cuentas. En esta política de recortes, los defensores del pueblo autonómicos se sitúan en algunos casos en la lista de futuros gastos prescindibles y es por ello por lo que Becerril se ofreció a llenar cualquier vacío que pudiera quedar. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ya optó por liquidar esta institución autonómica a los pocos meses de convertirse en presidenta de la región la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras décadas de gobiernos socialistas.

Becerril llega al puesto después de cerrarse un acuerdo entre su formación y la oposición socialista, que colocará a Francisco Fernández Marugán como su número dos. La defensora del Pueblo insistió que en cualquier caso no se dejará llevar por intereses partidistas. «Defenderemos lo justo y conveniente sin mantener batallas o enfrentamientos», incidió antes de asegurar su intención de «redoblar la acción de esta institución». Su primer objetivo, puntualizó, «es defender los derechos y las pequeñas libertades de los ciudadanos ante y no frente a las instituciones».

«Me hago cargo de esta responsabilidad en momentos difíciles. Su Majestad el Rey instaba a todos a mantener la responsabilidad, el sentido de la solidaridad, la templanza y también un espíritu sacrificio. Yo hago mías las palabras del Rey», apuntó en un acto celebrado en el Congreso y que, entre otras personalidades, contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Larga trayectoria

El presidente del Congreso, Jesús Posada, destacó «la solida trayectoria» de Becerril y mostró su plena confianza en que sabrá ejercer su función como «última oportunidad del ciudadano». Su nombramiento es un paso más en la larga carrera política a lo largo de la cual ejerció como ministra de Cultura en el último Gobierno de la UCD, convirtiéndose también en la primera mujer en ocupar un puesto en el Consejo de Ministros desde la Segunda República.

Ahora como defensora del Pueblo desempeñará la misión de proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles, además de controlar que la Administración pública sirva los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia y sometimiento a la ley. Becerril adelantó que su mandato se centrará en la protección de las víctimas de ETA, de las de violencia de género y de la crisis económica.