La eurozona encara dividida el riesgo de desplome de España en los mercados

La UE se enfrenta hoy a la sombra de un lunes negro en los mercados que amenaza con doblegar definitivamente a España y obligarle a pedir un rescate completo. Los socios comunitarios afrontan la alerta roja divididos y con la perspectiva de que el desplome español arrastraría casi de inmediato a Italia, lo que podría conducir a la temida implosión del euro. El Gobierno de Mariano Rajoy clama para que intervenga el BCE, pero en el seno de la entidad se repite el mismo pulso entre el Norte y el Sur que atenaza a la Unión. Ante este bloqueo en la instituciones, el Ejecutivo podría solicitar al fondo de rescate que compre deuda o avale sus próximas emisiones, dos opciones que conllevarían la exigencia de más ajustes.

Las tensiones internas de la UE quedaron más que en evidencia a lo largo de la semana pasada. Varios parlamentos nacionales interrumpieron sus vacaciones para ratificar el rescate bancario español que el Eurogrupo selló finalmente el viernes. En Alemania, que contribuye con un tercio de los 100.000 millones del salvavidas, Angela Merkel necesitó el respaldo de la oposición para sacar adelante su aprobación.

Finlandia tuvo que apurar hasta el último minuto para ratificar el rescate español. Los parlamentarios del país escandinavo dieron el 'sí' apenas unas horas antes de que el Eurogrupo se reuniera para completar los trámites. El Gobierno de Jyrki Katainen se impuso en la votación con desahogo, pero es consciente de que el euroescepticismo acecha con una intensidad creciente.

Alemania, Finlandia y otros socios como Holanda y Austria viven desde hace meses con una indignación soterrada muy distinta a la que se expresa en el sur del continente. Es difícil saber si se trata de corrientes mayoritarias, pero rechazan seguir rascándose el bolsillo para ayudar a los socios en apuros. Y, todavía menos, si los países rescatados no meten la tijera hasta el fondo. «Quiero ver a los accionistas sangrar», espetó un parlamentario holandés durante la aprobación del salvavidas español. Este complicado panorama se refleja directamente en el BCE, el bazuca reclamado por los analistas desde que estalló la crisis hace más de dos años.

Rajoy presiona

El presidente del emisor del euro, Mario Draghi, insistió el sábado en que su labor no pasa por socorrer a los países zarandeados por los especuladores. La gran esperanza de España es que la entidad no ha puesto fin a su programa de compra de bonos en el que ha invertido 210.000 millones. Rajoy presiona para que reactive estas adquisiciones, aparcadas hace meses tras inyectar un billón de euros a la banca.

Los analistas consideran que el BCE solo volverá a intervenir en los mercados ante una emergencia absoluta. España, desde luego, se ha cargado de argumentos para que el instituto emisor mueva ficha ahora. Rajoy se ha lanzado a sanear la banca y ha aprobado un incontestable recorte para cumplir con el déficit. Por si fuera poco, la economía española representa el 12% de la zona euro, el doble del peso de los otros tres países rescatados juntos. Si cayera víctima de los mercados, se da por descontado que el siguiente en la lista sería Italia. A partir de ahí, la hipótesis principal es una fractura del euro.

Pese a que todas las alarmas ya han saltado, Draghi podría aguantar la presión para forzar a la zona euro a comprar deuda con sus fondos de rescate. Si se restan los 100.000 millones reservados para el salvavidas español, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) cuenta actualmente con otros 140.000 millones. En septiembre, está previsto que entre en vigor el nuevo mecanismo de emergencia que aumentaría la potencia de fuego hasta el medio billón. A juicio del responsable de BCE, este dinero sería suficiente para tranquilizar a los mercados.

España podría pedir que el FEEF le protegiera frente a los especuladores. El gran inconveniente es que se revisarían los ajustes pactados. En ese supuesto, las condiciones volverían a centrar las negociaciones, aunque en la cumbre de finales de junio se acordó que no se añadirían nuevos requisitos más allá de los asumidos por el Gobierno. Solo se fijarían plazos más concretos, lo que endurecería el grado de intervención.