Vladímir Putin, durante un acto militar. :: SERGEI CHIRIKOV / EFE
MUNDO

Putin firma la ley que considera a las ONG agentes extranjeros

El movimiento ruso Por los Derechos Humanos se niega a inscribirse en el nuevo registro y descarta acatar la normativa

MOSCÚ. Actualizado: Guardar
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El presidente ruso, Vladímir Putin, cumplió ayer el trámite de estampar su firma en la ley que considerará «agentes extranjeros» a las ONG que reciban financiación desde el exterior. La norma entra así en vigor y obliga a las organizaciones rusas que reciban dinero de otros países a inscribirse en el Servicio Federal de Registros (FSR). Ello supondrá un mayor control sobre sus cuentas y actividad. Incumplir esta nueva ley expondrá a las organizaciones y sus dirigentes a multas de hasta 300.000 rublos (unos 7.500 euros) y a penas de prisión de hasta dos años.

Sin embargo, el movimiento ruso Por los Derechos Humanos no tiene intención de doblegarse ante la nueva legislación. Su líder, Lev Ponomariov, anunció ayer que no acatará la ley. «Somos agentes de los ciudadanos ruso, no extranjeros». Ponomariov afirmó que «seguiremos recibiendo subvenciones desde el exterior de manera transparente, como siempre lo hemos hecho». El defensor ruso de los derechos humanos dijo también que la ley constituye «un atentado contra la sociedad civil y la recurriremos ante el Tribunal Constitucional». A juicio de Mijáil Fedótov, que encabeza el Consejo de Derechos Humanos anexo a la Presidencia, las ONG rusas que tratan de promover la democracia en Rusia y el respeto a los derechos humanos van a tener más difícil desarrollar su labor de ahora en adelante. Cada tres meses deberán presentar a las autoridades un informe de su actividad y una vez al año deberán someterse a una auditoría de sus cuentas.

La ONU, en boca de su alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, ha criticado la ley así como el Departamento de Estado norteamericano. Moscú ha respondido a los reproches calificándolos de «injerencia» en los asuntos internos de Rusia. La veterana Ludmila Alexéyeva, jefa del Grupo de Helsinki de Moscú, ha manifestado que, si es preciso, renunciará a recibir ayuda extranjera para no tener que incluir su ONG en la «lista negra» que el Kremlin se dispone a crear para tratar de evitar que se revitalice el movimiento de protesta por el fraude perpetrado en las elecciones parlamentarias de diciembre y las presidenciales de marzo.

Putin cree que aquellas movilizaciones fueron instigadas desde fuera del país y apuntó directamente a Estados Unidos. El presidente ruso advirtió en una ocasión que «el dinero fluye hacia determinadas actividades políticas en Rusia. Sabemos quién paga y lo que se encarga con ese dinero. Ningún Estado respetable permitiría eso y nosotros tampoco». El diputado Alexánder Sidiakin, promotor de la regulación, señaló que lo que se pretende es "que la población disponga de los elementos de juicio necesarios» sobre las ONG.