Valencia niega que acudir al fondo de rescate implique más recortes

La Generalitat valenciana salió ayer a contrarrestar la imagen de comunidad cercana a la quiebra que se extendió el viernes cuando solicitó su acceso al fondo de rescate autonómico solo 24 horas después de que este mecanismo extraordinario para asegurar el pago de la deuda fuese aprobado por el Congreso de los Diputados. El consejero de Economía, Máximo Buch, rechazó que su ingreso en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) suponga ni una pérdida de soberanía económica de la Generalitat en favor del Ministerio de Hacienda, que es quien controla el mecanismo, ni que el hecho de solicitar las ayudas signifique que vayan a tener que aprobar nuevos recortes y ajustes en sus presupuestos o en los servicios públicos.

Buch minimizó las importantes exigencias y controles que Hacienda establecerá sobre las comunidades beneficiarias de la financiación y lo describió como una mera línea de préstamos, con intereses muy próximos a los que tiene que pagar el Tesoro por sus bonos a diez años, que no incluye condiciones para los presupuestos. Según sus cálculos, la Comunidad Valenciana comenzará a recibir los primeros fondos para afrontar sus vencimientos de deuda y el nuevo déficit público entre agosto y septiembre y no le cabe duda de que en pocos días o semanas otras comunidades con dificultad para financiarse en el mercado solicitarán también adherirse al mecanismo.

Su principal oposición, los socialistas valencianos, están en total desacuerdo con el consejero y piensan que la comunidad, con su entrada en el mecanismo, no tardará en tener su política presupuestaria tutelada por Hacienda, o incluso intervenida si no es capaz de cumplir con las exigencias que le marque. Por ese motivo, exige que asuman sus responsabilidades políticas los culpables de este «rescate» y que den a conocer ya en las Cortes valencianas «las condiciones y los nuevos recortes sociales que va a suponer».

A la espera

Mientras la Generalitat atrae las miradas por ser la primera en dar el paso, ya empiezan a enseñar la cabeza otras autonomías. Unas porque descartan tener que recurrir al FLA, como es el caso de Extremadura, según palabras de su presidente, José Antonio Monago, y otras porque reconocen que barajan la petición de adhesión, como Cataluña. Nadie duda de que habrá más nombres, porque las autonomías tienen que hacer frente hasta enero a la refinanciación de una deuda de más de 15.000 millones y deben encontrar préstamos para cubrir una cantidad similar de déficit público anual, que no podrá superar el 1,5% que les ha impuesto el Gobierno.

A la polémica sobre el FLA se une el debate entre las comunidades y el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el reparto del esfuerzo para la reducción del déficit público. El lehendakari, Patxi López, reclamó ayer al Gobierno que comparta el aumento de recaudación por la subida del IVA con las autonomías, porque son las que mantienen los servicios públicos y si no las ahogará. Madrid, sin embargo, reclama que el ahorro salga del recorte de servicios y, a través de su consejero de Economía, Percival Manglano, pidió que solo sean gratuitos los niveles «básicos» de la educación.