LA REBELIÓN DE LAS TOGAS

La judicatura vuelve a estar revuelta. Y el malestar no tiene visos de remitir. Es más, amaga con estallar con virulencia contra el Gobierno de Mariano Rajoy y repetir la escena del 18 de febrero de 2009. Entonces, los jueces convocaron la primera huelga de la democracia, que, con aceptable éxito, acabó días después con la dimisión del ministro de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Fernández Bermejo. Ahora, en el centro de la diana se encuentra Alberto Ruiz-Gallardón. Sus planes de reforma del Poder Judicial han caído como un torpedo entre las asociaciones judiciales. Y la decisión del Ejecutivo de rebajarles el sueldo como al resto de los funcionarios ha sido su particular gota malaya. «A más trabajo menos sueldo». Una ecuación que indigna a los titulares del tercer poder del Estado.

La rebelión de hace tres años, que ahora vuelve a revivir, germinó en el correo corporativo de la carrera judicial. Hartos de décadas de promesas incumplidas y abandono gubernamental los togados alzaron la voz y salieron a la palestra. La caja de Pandora fue el 'caso Mari Luz'. Las críticas políticas al magistrado que dejó en libertad al asesino de la menor debido a una cadena de errores tocó la fibra sensible de la carrera. Y la reacción llegó pocos meses después. Su enfado por la sobrecarga de los juzgados y la escasez de medios técnicos y humanos derivó en el primer paro judicial. Un hecho sin precedentes en democracia.

Aquel 18 de febrero secundaron la huelga el 25% de los 4.500 jueces que ejercen en todo el país, según el Consejo General del Poder Judicial. Una cifra que los convocantes elevaron al 33%. Se trató de un éxito sin paliativos habida cuenta de que el colectivo judicial mayoritario, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no apoyó entonces el paro y prefirió medidas de protesta más suaves. Eso sí, algunos meses más tarde convocó otra huelga coincidiendo con el aniversario del 'caso Mari Luz'. Pero en esta ocasión no tuvo tanto seguimiento.

Dimitido Fernández Bermejo llegó al departamento de Justicia Francisco Caamaño. El ministro arrancó con fuerza y aprobó un ambicioso plan de modernización con 600 millones de euros de inversión entre 2009 y 2012. Un proyecto que dotaba de más medios a la administración judicial para sacarla «del siglo XIX», lo que calmó los ánimos de la carrera. Pese a todo, la desconfianza no desapareció y la mecha siguió encendida. Los posteriores recortes presupuestarios derivados de la crisis económica, que dejaron el plan a medio hacer, acabaron por darles la razón.

Declaración de guerra

La victoria electoral de Mariano Rajoy generó una gran esperanza entre la carrera, sobre todo entre los jueces conservadores y su colectivo de cabecera, la APM. Imaginaban recuperar el poder perdido en los salas de gobierno de los altos tribunales durante las dos legislaturas de Zapatero, en detrimento de los progresistas. Además, la asociación ansiaba incluso algún alto cargo en el Ministerio de Justicia del Gobierno del PP.

Sin embargo, la luna de miel apenas duró unos días. El tiempo que el presidente tardó en elegir a Gallardón como ministro. Que un político alejado de la judicatura, pese a que el exalcalde de Madrid es fiscal de carrera, fuese el preferido cayó como un jarro de agua fría en la sede de la asociación presidida por el magistrado asturiano Jesús Chamorro.

Dejó mal sabor de boca que ninguno de sus afiliados fuera del agrado de Rajoy. Incluso se daba por hecho que a Manuel Almenar, vocal y hombre fuerte de la APM en el Consejo General del Poder Judicial, o el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López les iba a caer algún cargo en esta cartera. Así, el tradicional idilio entre el Partido Popular y la asociación de jueces conservadores se comenzó a resquebrajar.

Hasta el punto que la APM, como asociación judicial más poderosa e influyente, encabeza ahora las protestas contra el Gobierno. Una situación que nadie en la judicatura se podía imaginar. En medio del polvorín del 'caso Dívar' en el Consejo, Gallardón anunció un borrador de reforma del órgano de gobierno de los jueces. Propuso adelgazar la institución y quitarle la dedicación exclusiva a los 20 vocales (todos excepto al presidente), a los que no se puede retirar el sueldo sin tocar el artículo 122 de la Constitución.

La propuesta fue considerada por las cuatro asociaciones judiciales -conservadores, moderados, progresistas e independientes- como un ataque directo a su independencia. De ahí que el pasado lunes, en un gesto inédito, todos los colectivos de jueces y fiscales se unieron para combatir los planes del ministro, con la amenaza de paros parciales, suspensión de señalamientos y hasta una huelga como la de febrero de 2009. La propia APM tachó el borrador de «mascarada que desmantela la independencia» del Consejo y de proyecto «radicalmente» contrario a la Constitución. Casi nada. En este clima de desasosiego respiran los togados, que de forma paralela vieron cómo les tocaban la dignidad con la rebaja del sueldo como funcionarios públicos.

Tampoco sentó nada bien en los altos tribunales la forma en que el Ministerio del Interior retiró la escolta a los magistrados. Prácticamente de un día para otro. Ni el criterio empleado. Así de revuelta tiene Gallardón a la carrera judicial y, por ende, a la administración de Justicia.

Un malestar que anticipa un 'otoño caliente' en los tribunales. Sería una equivocación del ministro subestimar la fuerza de la rebelión de las togas.