Éxito policial

El nerviosismo provocado por la perentoriedad de las medidas que debe tomar para sortear la crisis y capear el temporal de los mercados, unido a la disposición de una cómoda mayoría absoluta, está llevando al Gobierno de la nación a atender poco escrupulosamente sus obligaciones institucionales y políticas. Ayer, el presidente del Gobierno declinó asistir a los relevantes debates que enmarcaron la convalidación de los decretos leyes que contenían el gran ajuste y el mecanismo para proporcionar liquidez a las administraciones públicas. Casi al mismo tiempo, el ministro de Economía y Competitividad, De Guindos, se fue poco después de intervenir en la tribuna del Congreso. Estas conductas no ayudan precisamente a la aplicación de unas medidas que, necesarias o no, afectan profunda y directamente al bienestar de los ciudadanos y generan un gran y lógico malestar. Las protestas que se registraron ayer en las ciudades españolas son el más claro ejemplo. Asimismo, es tanta la precipitación que ni siquiera se proporciona la información debida, en tiempo y forma, a los parlamentarios que, titulares del poder legislativo, son depositarios de la soberanía nacional. Horas después de que el presidente Rajoy anunciara el pasado día 11 el gran recorte, el Ejecutivo colgaba en una página web oficial en inglés para inversores -'The Spanish Economy'- del Ministerio de Economía una información sobre el mismo que difería de la que se había expresado en la tribuna del Congreso. El episodio ha vuelto a repetirse: la documentación que ayer manejaron los miembros del Bundestag que aprobaron en Alemania el rescate financiero de España también contenía elementos que no eran aquí de dominio público. En democracia, tan importantes son las formas como el fondo de las cuestiones, al igual que en Derecho los procedimientos son también relevantes para la seguridad jurídica. De ahí que el Ejecutivo deba esmerarse para que el proceso político se desarrolle con normalidad, extremando la transparencia y permitiendo a la oposición ejercer cabalmente las funciones de contradicción y control que le corresponden.

Diecisiete años después, la Guardia Civil detuvo ayer en Andalucía a tres miembros de los GRAPO por el secuestro en junio de 1995 del empresario zaragozano Publio Cordón, cuya desaparición después del pago del rescate por la familia había dado lugar a las más pintorescas interpretaciones, sin que la captura de los cabecillas de la organización terrorista hubiera arrojado luz sobre el caso. Ahora se ha aclarado por completo lo ocurrido, a falta de que aparezca el cadáver, se ha hallado en Lyon el piso donde el empresario sufrió cautiverio y se ha sabido que murió dos semanas después del secuestro al intentar huir de sus secuestradores. Esta tenacidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que no abandonaron la investigación hasta su total esclarecimiento, obtiene una merecida recompensa y resulta muy tranquilizadora para la ciudadanía. Además, sirve para culminar con éxito indiscutible una dilatadísima persecución de una banda terrorista que complicó gravemente la Transición y que, con turbias derivaciones en la delincuencia común, dejó un trágico rastro de 23 asesinatos y tres secuestros.