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Los nietos de Estela

La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, Estela Barnes de Carlotto, repite constantemente que «cada nieto que se encuentra es un triunfo sobre la dictadura»

PERIODISTA Y ESCRITORA Actualizado: Guardar
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Si hay alguien en Argentina que ha luchado por localizar a los 500 niños, hijos de presas, que fueron arrancados de sus madres para darlos en adopción, esa fue Estela, de 82 años, acompañada por un buen grupo de abuelas combativas que nunca se han rendido. Son las octogenarias más luchadoras de la historia.

Esta ama de casa, de clase media, casada con Guido Carlotto y madre de cuatro hijos, jamás se había dedicado a la política ni había militado en ningún partido hasta que en noviembre de 1977, en plena dictadura militar, su hija Laura fue secuestrada. Siete meses después la joven daba a luz, esposada en todo momento, a un niño, Guido. Momentos después del parto le dijeron que entregarían el bebé a la abuela, la adormecieron y la trasladaron de nuevo al campo de concentración La Cacha, donde estaba desde el momento de su detención. A los dos meses fue asesinada. Guido tiene ahora 34 años y sigue sin aparecer.

«Cuando Guido encuentre su verdad, también va a encontrarse con sus tres tíos y sus parejas, con sus doce primos, que ya lo conocen sin haberlo visto, con una familia muy tana y dicharachera», sueña en voz alta Estela. «¿Con qué plato lo vamos a recibir? Pienso en los tallarines de los domingos, con toda la familia reunida. Tengo un montón de fotos y otras cosas que he ido juntando para mostrarle el camino que significó su búsqueda».

En 1985, ya en democracia, Estela hizo exhumar el cuerpo de su hija, «para que un equipo forense lo examinase a fondo para determinar con exactitud todo lo que los militares habían negado. El deterioro de su dentadura probaba su largo secuestro, por la pelvis supimos que había tenido un bebé y por las balas que tenía alojadas en el cráneo que había sido ejecutada por la espalda. Así reuní elementos de prueba para la justicia. Tras ver sus huesitos, su pelo, cerré el duelo», confiesa Estela, emocionada.

A pesar que su nieto no ha aparecido, el general Guillermo Suárez Mason, jefe de la Primera Zona del Ejército argentino, bajo cuyo mando se encontraba el centro de detención La Cacha, donde estuvo detenida Laura, fue condenado en Italia a cadena perpetua.

Años más tarde, en 2004, en el Juicio de la Verdad, Estela pidió que se investigase al equipo de médicos del hospital militar que atendió a su hija y especialmente a un militar de alto rango que podía ser la persona que se apropió de su nieto Guido, pues según un soldado, que había declarado ante la justicia, el militar entró en la habitación donde se encontraba Laura y salió con el bebé.

Desde el momento en que su hija desapareció, Estela se puso en marcha junto a cientos de abuelas argentinas cuyo objetivo era encontrar a esos chicos que nacieron en prisión y que en la mayoría de los casos fueron dados en adopción a familias de militares o policías. Hasta el momento han encontrado 105.

Desde 1977 la organización Abuelas de Plaza de Mayo está en marcha. Comenzaron siendo un colectivo muy austero y pequeño pero poco a poco fueron reuniendo personas y fuerzas hasta convertirse en un elemento esencial. En el 2003 recibían el Premio a los Derechos Humanos y en el 2008, fue candidata al Nobel de la Paz.

En 1983, un seminario en Nueva York probó que era posible reconstruir el mapa genético, ADN, de los padres desaparecidos con la sangre de los familiares aún vivos y a partir de ese momento las Abuelas comenzaron a presentar denuncias ante la justicia argentina, enfrentándose a muchos jueces que no abrían causas o las retrasaban. «Tuvimos que ir abriendo camino», comenta Estela, «en el sentido jurídico y en el psicológico. Los psicólogos venían a nosotras a preguntarnos cómo podían aprender a restituir un chico a su verdadera familia, porque eso era un fenómeno nuevo para ellos».

El banco de ADN creado por las Abuelas, junto a varios organismos gubernamentales, ha sido uno de los avances mayores en su lucha. La ley que se elaboró en 1987 «nos permite dejar establecidas las condiciones prácticas que posibiliten la identificación de nuestros nietos aunque nosotras no estemos, ya que es imposible saber cuándo serán localizados». 300 familias han depositado ya su ADN.

Piensa que en España podría haber unos 50 chicos de entre 30 y 35 años que desconocerían ser hijos de argentinos detenidos y asesinados.