El crédito

Muy rara vez, o nunca, la vida nos permite elegir entre el óptimo y otra cosa. Lo corriente es que hayamos de decantarnos entre dos medianías y de vez en cuando, eso sí es por desgracia posible, nos toca estar entre lo pésimo y lo todavía peor. A los españoles se nos ofrece hoy la disyuntiva de ser dirigidos por una clase política que produce personajes como Andrea Fabra (o cualquiera de los imputados en la trama de los ERE falsos andaluces, tanto da) o por los tétricos hombres de negro de Bruselas y del BCE, que en última instancia, como es sabido, rinden cuentas al Bundesbank. Y casi están logrando que empecemos a pensar que, entre dos tragos amargos, mejor el segundo.

El crédito de las autoridades e instituciones españolas se encuentra bajo mínimos, por los bandazos que se han convertido en nuestra forma de gobierno y por la desfachatez que los comportamientos de representantes como los aludidos ejemplifican, y que vienen a abundar, para mayor desazón, sobre el despiporre suicida que ha llevado a la quiebra el sistema centenario de las cajas de ahorro (para muestra, ese contrato con vencimiento en 9999 que apareció ayer en la prensa, el colmo del disparate). Una catástrofe gestada y consumada con la negligencia (cuando no la aquiescencia) y en beneficio de la clase política a la que a fecha de hoy seguimos encomendando nuestros asuntos.

En este contexto, lo único que le faltaba al ciudadano español, fustigado cada viernes con nuevas medidas de ajuste con las que ha de pagar en sus costillas (y no necesariamente con más intensidad en las mejor cubiertas) los errores y dispendios del pasado, era descubrir, como se desprende de esa 'operación Pitiusa' de la que hemos tenido reciente y pavorosa noticia, que funcionarios a los que se confía parcelas sensibles de su intimidad se dedican a venderle sus datos a chusma sin escrúpulos. Guardias civiles, policías nacionales y locales, funcionarios del Catastro y de la Agencia Tributaria y de las haciendas forales que se sacaban un sobresueldo vendiendo información sensible a gente que la buscaba para perjudicar de formas diversas al ciudadano cuya intimidad se vulneraba. Y la vendían mal: como desvela el sumario, por 400 euros entregaban datos que el comprador revendía por 6.000. A los políticos corruptos o insensibles hacia las dificultades de sus conciudadanos hay que sumarles, encima, a estos servidores públicos indignos y desleales.

Tenemos un problema de crédito, sí, pero de ese que va antes que el financiero, y del que depende todo lo demás. Si entre nosotros no hay nadie con la determinación de recobrarlo, de depurar con energía las responsabilidades de quienes lo han minado, ya sean funcionarios o conmilitones, que vengan los hombres de negro y hagan la tarea. Nos lo habremos merecido.