El Gobierno mantendrá la subida del IVA y los recortes contra viento y marea

Ni un paso atrás. El Gobierno, con el apoyo de la mayoría absoluta del PP, sacará adelante su plan de subidas de impuestos y recortes salariales y sociales, el más severo ejecutado durante la democracia, aunque con ello deba enfrentarse al resto de partidos, a los sindicatos y a una escalada de las protestas ciudadanas en la calle que amenaza con desembocar en otoño en una huelga general, que sería la segunda en el primer año de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Su determinación la escenificará el jueves, cuando ratifique en solitario en el pleno del Congreso los decretos de aumento del IVA, y los recortes en las prestaciones por desempleo, la dependencia, los salarios de los trabajadores públicos, o las administraciones locales anticipados el miércoles por Mariano Rajoy y aprobados el viernes pasado por el Consejo de Ministros. Lo hará ante el seguro rechazo en bloque de la oposición y, muy posiblemente, acompañado por protestas ciudadanas en los alrededores del edificio legislativo.

El Ejecutivo de Rajoy y la dirección popular están convencidos de que no hay alternativa al ajuste duro que se prolongará durante dos años y medio y que persigue una reducción del déficit público en 65.000 millones, hasta el 3% del PIB. No ven margen para suavizarlo o negociar cambios que les atraigan alianzas políticas o faciliten su digestión social y creen que solo con esta cirugía mayor del gasto público tienen opciones de evitar que sus socios europeos y los mercados financieros les aboquen a pedir el rescate del país.

A cualquier precio

Rajoy y su gabinete, según fuentes de la dirección popular, en lo que parece una reedición del «me cueste lo que me cueste» de José Luis Rodríguez Zapatero, tienen asumido que lo que consideran «su responsabilidad con el país» puede acarrearle un fuerte desgaste político al PP, e incluso derrotas electorales en próximos comicios autonómicos, pero van a seguir adelante con «el plan».

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, como resumen del contenido del comité de dirección que ayer debatió la batería de ajustes, aseguró que las medidas son «impopulares y muy duras», pero «absolutamente necesarias» y «pertinentes» para recuperar la confianza del mundo en que España está determinada a pagar su deuda externa -970.000 millones de euros- y reducir el déficit de sus administraciones en 90.000 millones.

Cospedal, al tiempo que dos centenares de funcionarios denunciaban los recortes en la propia puerta de la sede madrileña del PP, dejó claro que no hay reconsideración que valga. Aunque para ello tengan que retorcer su ideario político, como ocurrió con la subida del IVA, o liquidar la última de las promesas electorales. «Hay que perseverar en las reformas y en las medidas necesarias» si se quieren lograr «frutos» tanto en la reducción de la prima de riesgo de la deuda como en la salida de la crisis, indicó la secretaria general. «El Gobierno tiene que tomar medidas, que no quería tomar; pero está en su responsabilidad adoptar este tipo de decisiones. No se puede esperar más», justificó.

La número dos de los populares y presidenta de Castilla-La Mancha dijo que cree que España no va a necesitar ser rescatada e intervenida por la Unión Europea justo porque «el Gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer» para evitarlo. En su opinión, es «obligación» de todos los partidos políticos y los agentes sociales cerrar en este momento filas con el Gobierno en la lucha contra el déficit público y contra el rescate del país sin exigirle a cambio contraprestación económica o política alguna. Algo así como un deber patriótico.

«Creo que es el momento en que todos deben arrimar el hombro para ayudar a nuestro país, con independencia de los intereses partidistas, sindicales y mediáticos», insistió. Lo hizo justo antes de lamentar, en lo que se entendió como una clara referencia a las críticas de los sindicatos y del PSOE en contra del plan de recortes del Gobierno, que «es evidente que hay algunos agentes y partidos que parece que quieren que el país sea intervenido».

Dio a entender que el partido opositor y las centrales mayoritarias están detrás de las supuestas protestas registradas en los últimos días en distintos puntos de España, y que con estos actos y sus denuncias transmiten al mundo la sensación de que «la situación en España es peor incluso de lo que es en realidad».