Cataluña, Murcia, Extremadura y Valencia vieron la tarjeta amarilla de Hacienda

El misterio de Cristóbal Montoro ya es menos misterio. Después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, el ministro de Hacienda comentó que ocho autonomías serían amonestadas porque sus cuentas no estaban encauzadas para alcanzar los objetivos de déficit. No dijo más y se negó cuantas veces fue preguntado a revelar los nombres de esas ocho comunidades.

Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia son cuatro de las ocho autonomías que recibieron la tarjeta amarilla, según confesaron en las últimas horas sus gobiernos. Andalucía admitió por medio de su consejera de Economía que no sería extraño figurar en la lista negra. Castilla-La Mancha, a la que todos los indicios apuntaban como una de las incumplidoras, negó encontrarse en esa situación. Quedarían por tanto tres territorios en enseñar sus cartas, siempre que los temores de la Junta de Andalucía sean reales.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, hizo la lectura dramática y, además de confirmar que su consejero de Economía fue apercibido, advirtió ayer que el aviso podría desembocar en una intervención. También el consejero de Economía extremeño, Antonio Fernández, informó ayer que el viernes fue citado mediante correo electrónico para una reunión aclaratoria sobre el déficit de 2012. «Estaba cantado», comentó.

Problema general

El consejero de Hacienda de la Generalitat valenciana, José Manuel Vela, también reveló que recibió la tarjeta amarilla, una amonestación que no es extraña porque la Comunidad Valenciana es de las que «más déficit» acumula, según admitió. Con todo, advirtió que el hecho de que sean ocho los territorios en dificultades para cumplir el objetivo de déficit de 1,5% de su PIB demuestra que «el problema es generalizado». El consejero de Hacienda de Murcia, Juan Bernal, fue el único que después de la reunión del Consejo aceptó haber recibido un toque de atención que confió en remontar con su nuevo plan de reequilibrio financiero.

Hacienda intentó quitar trascendencia a los avisos porque no son un paso previo a la intervención de la economía de la comunidad advertida sino un «chequeo» para corregir rumbos desviados. Es un trámite «preventivo y ordinario» y en manera alguna se puede interpretar como un procedimiento «coercitivo y de ejecución forzosa», explicaron en el departamento de Montoro.