Nueva Ley de Costas

El Consejo de Ministros de ayer dio vía libre a gran parte de las medidas de ajuste y reforma expuestas por el presidente Rajoy en el pleno parlamentario del pasado miércoles. Tanto los argumentos empleados por Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos en su comparecencia como la concreción de algunas de las iniciativas trataron ayer de contrarrestar el 'shock' provocado por los anuncios del miércoles. Sin embargo el descubrimiento posterior de decisiones que no habían sido anunciadas -como la subida del IRPF a las actividades profesionales o la rebaja en las subvenciones al alquiler- indujeron ya ayer el efecto contrario. La comprensión del Gobierno hacia el disgusto social que hayan generado los recortes y el incremento del IVA fueron acompañados de la noticia de que su subida se aplicará a partir del 1 de septiembre, con lo que el Gobierno salva su repercusión sobre la temporada turística y el desasosiego que hubiera trasladado al sector. Del mismo modo que al posponer al inicio de 2013 el incremento del IVA para la compra de vivienda y la supresión de su deducción en el IRPF el Ejecutivo trataría de activar en lo posible el mercado inmobiliario durante los meses que restan para finalizar el año. Más difícil será que las palabras de reconocimiento hacia los funcionarios consigan atenuar la vivencia personal de una pérdida acentuada de poder adquisitivo entre los empleados de las distintas administraciones. Trabajar y hacerlo en una plaza en propiedad constituye una situación que el resto de la ciudadanía puede contemplar como privilegiada. Pero la imprescindible racionalización de la función pública no debería realizarse a cuenta del argumento de la ventajosa situación en la que se encuentran sus titulares y a expensas de que se deterioren sus condiciones salariales y laborales, puesto que su profesionalidad es también la garantía de que perviva el Estado del bienestar. Capítulo aparte merece la relación de una veintena de nuevas leyes y reformas que el Gobierno está decidido a impulsar, algunas de las cuales se proponen liberalizar la economía y otras, como la energética, corregir desequilibrios heredados. El catálogo proyecta la imagen de un Ejecutivo comprometido por dotar a España de unos parámetros de competitividad que le reporten la confianza que precisa. Queda por determinar el alcance económico real de tan prolija actuación legislativa.

La reforma de la Ley de Costas de 1988 que aprobó ayer el Ejecutivo amplía las concesiones de las casas construidas en la zona de dominio público hasta 75 años, diseña un régimen especial para once zonas problemáticas, reduce la servidumbre de protección en las rías y se restringe considerablemente la definición de dominio público marítimo terrestre. A cambio, facilitará la paralización administrativa de obras manifiestamente ilegales que atenten contra el medio ambiente (El Algarrobico es el ejemplo más próximo). Las costas españolas están muy castigadas y fuertemente saturadas por la acción del desarrollismo franquista, primero, y de la burbuja inmobiliaria, después, por lo que parece cuando menos imprudente avanzar en el camino de la desprotección con el argumento de que se quiere más seguridad jurídica para los concesionarios y más facilidad para actividades económicas compatibles con el medio ambiente. Las organizaciones ecologistas ya han puesto de relieve el riesgo de que, por esta vía, el interés público quede a merced de los intereses privados. Y de que el objetivo de más turismo de calidad se supedite a la masificación.