ESPAÑA

El Gobierno recurre a Loterías del Estado para rescatar a las comunidades

El organismo aportará 6.000 millones de euros a un fondo de 18.000 millones con el que el Tesoro financiará la deuda autonómica

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Loterías y Apuestas del Estado saldrá al rescate de las comunidades. Al menos en parte. Tras mucho darle vueltas, el Gobierno aprobó ayer el ansiado mecanismo que permitirá inyectar liquidez a unas autonomías ahogadas por sus obligaciones financieras y, en muchos casos, con los mercados cerrados a cal y canto. La fórmula escogida es un fondo que estará financiado por el Tesoro y contará con una dotación máxima para este año de 18.000 millones de euros. Pero, de ellos, 6.000 millones corresponderán a un préstamo del organismo estatal.

La cantidad aportada por Loterías se hará a cargo de sus ingresos futuros, según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos. El resto los proporcionará el propio Tesoro. El responsable de las finanzas españolas aseguró que no está previsto alterar el calendario de emisiones de deuda, pero lo que no aclaró es si esta fórmula obligará al Estado a endeudarse aún más, es decir, si se verá obligado aumentar la cuantía de los préstamos en cada salida prevista a los mercados. Fuentes del Ministerio aseguran, en todo caso, que se tratará de evitar ese riesgo por todos los medios disponibles.

España no está precisamente, tampoco, en la mejor situación para obtener financiación en el exterior. A pesar de los ajustes anunciados por Mariano Rajoy, la prima de riesgo de la deuda ha ido en aumento desde el miércoles y ayer subió hasta los 540 puntos básicos. El bono a diez años se mantuvo durante toda la jornada por encima del 6,6%, un interés que el propio Ejecutivo reconoce «insostenible». La única esperanza es que el Banco Central Europeo decida intervenir y se ponga a comprar deuda española en los mercados secundarios.

El Estado tiene que evitar además que el hecho de financiar a las comunidades autónomas acabe por 'contaminarle'. Por ese motivo, se ha eludido la fórmula del 'hispanobono' o una mutualización aún más evidente de la deuda. Y por ese motivo se pondrán «estrictas condiciones» a los préstamos.

Al nuevo fondo podrán adscribirse las comunidades que lo precisen, pero tanto Guindos como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hicieron hincapié en que los préstamos que suscriban llevarán aparejadas duras exigencias «fiscales o presupuestarias». En caso de incumplimiento o de riesgo de incumplimiento de los planes de ajuste será posible llegar a la intervención de la comunidad.

El aval o la garantía de cumplimiento serán, además, los recursos del sistema de financiación autonómica, lo que quiere decir que si un ejecutivo se desvía el Estado podrá retener las transferencias que le habrían correspondido.

Sin alternativa

El crédito no saldrá, desde luego, barato. El Gobierno cobrará el mismo interés que tenga que afrontar el Tesoro más un diferencial que Guindos no concretó. Pero hay que tener en cuenta que las comunidades llevan todo el año sin poder emitir en el mercado, con la única excepción de una colocación lograda por la Comunidad de Madrid.

Quienes se encuentran en una situación más agónica son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. No son las únicas que esperaban este u otro mecanismo como agua de mayo, pero la Generalitat, por ejemplo, ha lanzado varios dramáticos SOS en los últimos meses. Y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, muy crítico con la gestión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció abiertamente y «sin complejos» que la liquidez de Cataluña depende en estos momentos del Tesoro español.

Los créditos concedidos por el nuevo mecanismo, que serán gestionados por Hacienda y por el ICO, podrán ir destinados a sufragar el déficit autorizado, vencimientos de deuda y préstamos que no puedan ser financiados.

En el último tramo del año, las autonomías se enfrentan a vencimientos de deuda por valor de 15.838 millones y hay cerca de 15.000 millones más que necesitarán financiar para soportar el déficit del 1,5% fijado para este año. Guindos dio por hecho, aun así, que los 18.000 millones previstos bastarán aunque añadió que «depende de cuántas comunidades se adscriban».