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Los mayores y las personas con discapacidad, o lo que es lo mismo, las personas que más reciben la ayuda de la dependencia, no vieron con muy buenos ojos la reforma de la ley planteada por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, a las comunidades autónomas y que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UPD) se unieron ayer para darle un toque de atención el Ejecutivo. Porque, dijeron, nadie ha contado con ellos. «Las reformas se han ideado entre el gobierno central y las comunidades autónomas, sin tenernos en cuenta», afirmó Luis Cayo Pérez, presidente de Cermi, quien expuso que el principal problema de la ley está en su origen.

La normativa contemplaba en su texto la figura del cuidador familiar (pariente directo del beneficiario que lo cuidaba en su propia casa, percibiendo una contraprestación económica y dado de alta en la Seguridad Social) como una situación excepcional en contraposición a la ayuda profesional. Los cuidados familiares sobrepasaron las expectativas «puntuales» que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contempló en un principio e incluso incurrió en algunas irregularidades, como que familiares que se acreditaban como cuidadores que en realidad no vivían en la misma vivienda, o incluso en la misma provincia. «Sin embargo, no se puede dar por supuesto que este hecho sea generalizado», defendía José Luis Méler de Ugarte, presidente de Ceoma. «Estos acontecimientos se han dado por las carencias de la ley y los nulos métodos de control», aseguró el responsable de los mayores.

Por otra parte, coleaba el problema de la desigualdad en la implantación. Las autonomías daban el visto bueno final a la concesión de la prestación a los beneficiarios; y la celeridad con que se otorgaban las ayudas dependía de las administraciones regionales que no actuaban con igual rapidez. «Todo esto ha llevado al incumplimiento de las expectativas creadas, así que una revisión de la ley es imprescindible», concedió el portavoz de Ceoma.

A todos estos problemas se une la situación económica. En 2010 ya se suspendió la retribución por retroactividad (las ayudas se contabilizaban a partir de la concesión de la prestación, y no como anteriormente, desde la puesta en marcha de la ley), además de incurrir en impagos a muchos beneficiarios a los que aún hoy se les debe dinero. «Aunque nos encontramos en tiempos difíciles, no estamos dispuestos a ir para atrás en los derechos que ya hemos adquirido», aseguró Luis Martín Pindado. El presidente de UDP además criticó que se pueda rescatar a algunas entidades bancarias con 65.000 millones y, en cambio, no se pague con prontitud a las personas más vulnerables.

Comunicación

Ahora, las nuevas medidas exigen entre otros puntos, la revisión del baremo con el que se otorgan las ayudas, la subida del copago de la asistencia social al contemplar la renta y el patrimonio del beneficiado, así como el recorte en un 15% de la prestación a los familiares que cuidan de las personas dependientes. «Rechazamos una reforma de la ley que recorte», expresó de forma tajante el portavoz del Cermi.

Según la nueva normativa, este porcentaje es el mínimo aplicable, aunque las comunidades autónomas tendrán libertad a la hora de designar uno mayor. «Así no se solucionan las desigualdades», apuntó resignado Pindado.

«La ley de dependencia es una gran ley. Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar, y tiene que salir fortalecida de esta reforma», sentenció el portavoz de UDP. Por su parte, el presidente de Ceoma añadió que es «una conquista muy importante y vamos a defenderla, porque además sabemos que es posible mantenerla».