La letra pequeña del ajuste detalla la supresión de empleos públicos

Buscar un mejor equilibrio entre empleo público y empleo privado. Este es uno de los principales objetivos de la reforma de la administración que aprobará hoy un Consejo de Ministros doblemente singular. Por un lado, porque será el primero en esta legislatura que tendrá dos convocatorias: la primera, deliberativa, la presidirá el Rey en el palacio de la Zarzuela, y la segunda, ya decisoria y sin don Juan Carlos, será pilotada por Mariano Rajoy en la Moncloa.

El cónclave ministerial dará luz verde al grueso de medidas de ajuste que anunció Rajoy el miércoles en el Congreso, con las que el Ejecutivo confía ahorrar 65.000 millones de euros en dos años y medio.

Fuentes de la Moncloa informaron, sin embargo, que el Ejecutivo trabajaba a contrarreloj para poder incluir la subida del IVA en el orden del día del Consejo de Ministros, aunque la presentación podría retrasarse una semana por «problemas técnicos». Las dos posibilidades están abiertas. Sí se aprobará por decreto el acuerdo de no disposición presupuestaria de 600 millones de euros para todos los ministerios y la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios. También acordará la liquidación de la deducción por vivienda habitual en la declaración del IRPF y se dará el visto bueno al anteproyecto de la ley de costas.

La letra pequeña del tijeretazo, que detallará la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desgranará los planes para adelgazar la estructura de la administración. Rajoy puso el acento en que la partida de sueldos y salarios de la administración es una de las mayor cuantía en los presupuestos. También censuró que mientras en el sector privado se han destruido 2,9 millones de empleos desde que comenzó la crisis en 2007, en el sector público se han creado ya 289.000 nuevos puestos de trabajo. Una reflexión que hace prever que el recorte de empleos públicos será descomunal.

Cierre de empresas

El presidente advirtió de que, además del acuerdo de no reposición de efectivos, el Gobierno quiere adelgazar la plantilla de eventuales, interinos y personal no laboral reduciendo de manera drástica el número de empresas y fundaciones públicas en las administraciones donde tiene competencias, es decir, en la central y en la municipal. El problema radica, como reconoció hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que la supresión de empresas públicas autonómicas «está siendo un auténtico fracaso, ya que solo se han cerrado dos de las 600 previstas».

El Gobierno no puede despedir a los funcionarios, pero sí tiene un plan para reducir su masa salarial. Además de no abonarles este año la paga extraordinaria de Navidad, reducirá el número días de libre disposición, equipará las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores y se ajustará el número de liberados sindicales a lo dispuestos estrictamente por la ley. De esta manera, se producirán menos contrataciones temporales para sustituir a los funcionarios. El Consejo abordará, igualmente, la minoración de un 30% el número de concejales y la retirada del grueso de las competencias a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que no puedan financiarse.