Fianza de 450.000 euros para el supuesto cerebro de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla dio ayer un varapalo a la jueza que instruye el fraude de los ERE pagados con dinero público y revocó ayer la prisión incondicional del exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, al que fijó una fianza de 450.000 euros en metálico. Argumentó que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sobre todo después de estar 13 meses imputado antes de declarar y que compareció durante cuatro largos días ante la juez.

Fernández, el dirigente político de mayor rango implicado en la causa, permanece encarcelado desde el pasado 24 de abril acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

Según la juez Mercedes Alaya, que le impuso una fianza por responsabilidad civil de 807 millones de euros, Fernández, en su condición de viceconsejero y posteriormente de consejero de Empleo, fue el ideólogo del sistema de ayudas sociolaborales que la Junta desarrolló en 2001 y que permitió no solo la arbitrariedad en las concesiones, sino eludir controles y fiscalización. El auto no entra a valorar la legalidad del procedimiento dado que no dispone «de datos objetivos ni elementos de juicio suficientes». Pero sí cree «incontestable» que se produjeron numerosas irregularidades que aún se están investigando.

De hecho, llega a destacar que «existen indicios racionales y contrastados de la perversa utilización delictiva de las herramientas» del convenio, así como de la «participación del imputado en ese uso desviado». Y subraya que parece «difícil de aceptar» la falta de conocimiento que Fernández alega sobre lo que sucedía en su Consejería.