Objeción de conciencia para atender a los 'sin papeles'

Los médicos están buscando todos los resquicios legales posibles para saltarse como sean los recortes planteados por el Ministerio de Sanidad para ahorrar 7.000 millones a las arcas públicas. Entre los cambios que aprobó el Ejecutivo popular en primavera, e incluía una modificación de la asistencia que reciben los inmigrantes ilegales en España. Hasta ahora, los 'sin papeles' tenían la misma asistencia sanitaria que cualquier compatriota legalizado o que un español. A partir del 1 de septiembre solo podrán acudir a urgencias, aunque también serán atendidos los enfermos crónicos, las mujeres antes y después de dar a luz y los menores de edad. Sin embargo, los médicos se han alzado en contra de estas decisiones porque consideran que pacientes suyos se quedan fuera de la asistencia sanitaria.

Para dilucidar esta coyuntura, la Sociedad Estatal de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) apostó por que los doctores que lo deseen se acojan a la objeción de conciencia como vía para seguir atendiéndolos. «No podemos dejar a personas que han sido pacientes nuestros. Si seguimos la ley, estaríamos vulnerando el código deontológico médico. Las normas internacionales establecen el valor de la continuidad de nuestra labor asistencial», indicó Josep Basora, presidente de esta sociedad, que aglutina a más de 20.000 profesionales de atención primaria. «Vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia», explicó Basora.

Después de la publicación del Real Decreto, la sociedad médica decidió llevar este asunto a un grupo ético porque surgía un conflicto entres dos lealtades: la que se debe al Servicio Nacional de Salud y la que merece el propio paciente. Este grupo estudió la normativa y consideró que los médicos que quieran pueden acogerse a la objeción de conciencia. Eso sí, siempre de que se trate de pacientes que ya estén bajo tratamiento.

Horario laboral

El doctor Abel Novoa, miembro del grupo ético, explicó que los médicos no atenderán a los 'sin papeles' fuera de su horario laboral, «como si fuera un acto de caridad», sino que lo harán dentro de su horario laboral. «No es complicado mantener el cupo actual de trabajo sin olvidarse de todos los pacientes», destacó el médico, quien insistió en que no se puede dejar los servicios de urgencias como la única puerta de entrada para los inmigrantes que están de forma ilegal en España. «Queremos que el Ministerio no discrimine a las personas y modifique el Real Decreto 16/2012 para que a los inmigrantes que ya están aquí no se les quite las condiciones actuales. Si no se hace, la única opción que le quedan a muchos médicos es la objeción», explicó Novoa, que recalcó que las exigencias de la Semfyc se centran en los residentes. «No decimos al Gobierno cómo tiene que legislar la inmigración», apuntó.

Para gestionar a los médicos que tomen esta decisión, la sociedad médica ha decidido crear una base de datos con los galenos que se inclinen por la objeción de conciencia. Una forma de lidiar con un problema que les «ha caído» a los médicos. «El resultado del Real Decreto es echar sobre los hombros de los médicos una responsabilidad que no les corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda», explicó el presidente de la sociedad.

En el análisis de la normativa, la Semfyc recomienda ampliar el concepto de caso urgente a una atención sanitaria básica. Esta debería englobar a la atención primaria, la asistencia preventiva, la asistencia urgente, los servicios especiales para los discapacitados y el acceso a la medicación básica. «Conseguiríamos más garantías de protección para el resto de la sociedad en relación a procesos infecciosos y se evitarían colapsos en los servicios de urgencia», señaló Novoa.

Esto evitaría problemas entre los médicos y los pacientes. «No tenemos ninguna duda respecto a lo que es una urgencia vital pero en el resto de los casos el asunto se convierte en algo demasiado subjetivo. Al final la decisión del carácter urgente de la demanda lo decide el profesional», comentó Basora. De esta manera, Semfyc se une a las cuatro comunidades que han anunciado que van a seguir atendiendo a los 'sin papeles': Cataluña, Euskadi, Asturias y Comunidad Valenciana, que anunció que realizará modificaciones dentro de sus competencias.