Un sacrificio desigual

El presidente Rajoy expuso ayer ante el Congreso las nuevas medidas de consolidación fiscal que venían apuntándose durante las últimas semanas como «lo único que se puede hacer» con el objetivo de ahorrar al erario 65.000 millones de euros en el plazo de dos años. La defensa de las medidas expuestas como una política carente de alternativa representa, desafortunadamente, algo más que un ardid dialéctico. Los recortes de gasto y las modificaciones impositivas responden a las recomendaciones de Bruselas y a las indicaciones de las instancias que se han convertido en intérpretes de las exigencias de los mercados para con un país sobreendeudado como España. Pero que ni en el ámbito internacional ni en el nacional se vislumbren otras salidas a lo anunciado por Rajoy tampoco significa que las mismas sean infalibles o vayan a surtir los efectos pretendidos. El presidente dio ayer muestras de decisión y autoridad encomendándose a sus obligaciones más que a sus convicciones y preferencias. Pero no será la virtud moral de su comprometida actitud lo que se juzgue al final del camino, sino el acierto en la terapia prescrita para «crecer y crear empleo» como meta última y redentora de cuantos sacrificios se impongan mientras tanto. En este sentido surge una primera duda en cuanto a la eficacia de las medidas que pretenden incrementar ingresos respecto a aquellas que rebajarán el gasto presupuestado hasta la fecha. Porque del mismo modo que la reducción de costes -como la suspensión de la segunda paga extra del año a los empleados públicos o el recorte del subsidio de desempleo- puede cuantificarse sin margen de error, resulta más imprevisible el impacto recaudatorio de la subida del IVA, de la tributación medioambiental, de la supresión de la deducción por compra de vivienda e incluso de las bonificaciones a la contratación.

Otra fuente de inquietud es que tanto los recortes como los cambios impositivos contribuyan a agravar la depresión económica que afecta a España a través de un mayor retraimiento del consumo y de la actividad dependiente de la demanda interna. La diabólica confluencia de un creciente endeudamiento exterior y de una segunda recesión impide a nuestro país afrontar la disyuntiva entre austeridad y crecimiento con margen suficiente como para equilibrar este binomio. Pero es evidente que una política económica tan atenazada e intervenida de facto tampoco está en condiciones de garantizar que la aplicación de los ajustes y reformas anunciados ayer procurarán beneficios que serán percibidos por la sociedad a medio y largo plazo. En el fondo, Rajoy solicitó ayer un margen de confianza para demostrar que los sacrificios socialmente desiguales e incluso injustos del momento servirán para reactivar la economía española y generar puestos de trabajo. Una petición frente a la que se alza el extendido temor de que estas no sean las últimas ni las penúltimas medidas de ajuste a las que se vea obligado el Reino de España. Es lo que reflejan tanto las primeras respuestas sindicales como la preocupación que se extiende entre los sectores sociales más vulnerables a la adopción de recortes inmediatos. Frente a ello la reacción de los mercados, aun siendo positiva, se mostró ayer tan cauta que no asegura un horizonte de recuperación de la credibilidad que precisa la economía española para liberarse del cautiverio exterior y para devolver la confianza que requiere una sociedad empantanada en la ininterrumpida sucesión de las malas noticias.