Recorte a los más débiles: los nuevos parados pierden hasta un 17%

España tiene una tasa de paro del 24,44%; hay más de cinco millones y medio de desempleados, de los que cada vez un porcentaje menor cobra la prestación, y ayer el presidente del Gobierno puso en duda sus ganas de trabajar. Rajoy justificó el recorte de las prestaciones por desempleo «para animar a la búsqueda activa de trabajo» y que «no generen efectos desincentivadores» en esa búsqueda. Por eso, el Gobierno reducirá la prestación de los «nuevos» parados hasta un 17% a partir del séptimo mes, ya que solo recibirán el 50% de la base reguladora en lugar del 60% actual.

En estos momentos, el importe medio bruto de las prestaciones contributivas por desempleo se sitúa en 28,85 euros diarios, 865 euros al mes, por lo que el recorte lo dejaría ligeramente por encima de los 700 euros en promedio a partir del séptimo mes. No afectará a los que cobren menos de 665 euros al mes si tienen hijos o 500 euros al mes si no tienen hijos. Eso deja fuera del recorte al 27% de los desempleados con derecho a prestación que se vayan añadiendo, según cálculos del Ministerio de Empleo. En la actualidad, 2,9 millones de parados reciben algún tipo de prestación, de los que solo 1,3 millones cobran la prestación contributiva, que es más elevada que la asistencial.

Además, se mantendrá el periodo máximo de 24 meses de duración de la prestación. Los sindicatos han reclamado al Ejecutivo que prorrogue el Plan PREPARA, que acaba en agosto y consiste en una ayuda de 426 euros durante seis meses a parados que han agotado todas las prestaciones.

Junto con el recorte en el pago de las prestaciones, el Gobierno también reducirá las bonificaciones a la contratación, excepto en el nuevo contrato de emprendedores -con un año de prueba sin indemnización por despido- y para promover la inserción laboral de personas discapacitadas.

Sin embargo, rebajará las cotizaciones sociales dos puntos en dos años, lo que tendrá un efecto inmediato y nada positivo en los ingresos del sistema de Seguridad Social sin que esté garantizada su compensación con la aparición de nuevos afiliados. Cada reducción de un punto en las cotizaciones sociales son 3.000 millones menos de ingresos, con lo que va a perder 6.000 millones a partir de 2014. Esta menor recaudación para la Seguridad Social, que es la encargada de pagar las pensiones, se produce tras haber alertado el secretario de Estado de que pueden producirse «tensiones de liquidez» y tal vez tenga que recurrir al Fondo de Reserva.

Precisamente, los pensionistas o futuros pensionistas también deben tentarse la ropa. El presidente del Gobierno anunció un proyecto de ley que llevará al Pacto de Toledo para «acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada», tal y como exige Bruselas. Eso significa que se establecerán mecanismos automáticos de ajuste en pensiones en función del aumento de la esperanza de vida. Fuentes del Gobierno explican que introducir mecanismos automáticos no supone hurtar la negociación al Pacto de Toledo. En todo caso, el proyecto de ley que se lleve al Congreso introducirá cambios que si, como es previsible, van en la misma línea que otros países introducirá una nueva rebaja en las pensiones, tras la ya aprobada con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En Suecia, el factor de sostenibilidad supone que se rebaja automáticamente la cuantía de las pensiones y en Italia se retrasa la edad de jubilación al aumentar la esperanza de vida.

En España, la ley de estabilidad presupuestaria establece que los parámetros fundamentales del sistema de la Seguridad Social se revisarían en función de la esperanza de vida que se calculara estadísticamente a partir de los 67 años, que es la edad de jubilación. Claro que el acuerdo con los agentes sociales era empezar a revisarlo a partir de la aplicación íntegra de la reforma que está prevista en 2027. Ya no se esperará a esa fecha para modificarlo. Fuentes del Gobierno explican que se trata de que, igual que las pensiones se revisan automáticamente con el IPC -excepto cuando se decide congelarlas como hizo Zapatero en mayo de 2010-, también automáticamente se ajusten según los parámetros que se llevarán en el proyecto de ley al Congreso.

Parados, pensionistas... y dependientes. El recorte también les alcanza. Rajoy se escudó en que hay que «garantizar su sostenibilidad» para advertir de que «se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas». El Gobierno ya ha presentado a las comunidades autónomas un plan para reformar la ley de dependencia que supone rebajar un 15% los sueldos de los cuidadores familiares, que ahora cobran 400 euros de media.