El sector turístico teme una caída de visitantes ante los duros recortes del Gobierno

El anuncio de la subida del IVA por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha caído como un jarro de agua fría entre el sector turístico gaditano. Los empresarios aseguran que las consecuencias de esta medida podrían ser drásticas para uno de los grandes motores económicos de la provincia, ya que la subida de los precios no les permitiría luchar contra la mayoría de los países competidores. Así lo manifestó José Ramón Pagés, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Cádiz, que subrayó: «Esta medida nos puede perjudicar enormemente, sobre todo, porque esto se va a traducir en un incremento del coste para el turista, que puede optar por elegir otro destino más barato, como el Caribe». En esta misma línea se pronunció Belén González, de Torre Tavira: «Nosotros incluso ya teníamos comprometidos premios con touroperadores y agencias para 2013 que vamos a tener que afrontar de nuestro bolsillo», criticó. De hecho, desde las diferentes asociaciones que agrupa a los empresarios, confían en quedar exentos de esta subida en el Consejo de Ministros de mañana, aunque Rajoy advirtió ayer que el IVA reducido-por el que se regía el turismo- pasará del 8 al 10%. «El ministro aseguró que no afectaría al sector, por lo que esperamos que cumpla su palabra», apostilló Antonio de María.

No obstante, aseguró que la subida del IVA se trata de «una mala noticia» para la hostelería, ya que la pérdida de poder adquisitivo se dejará sentir con fuerza en el sector. «Todas las medidas que ha tomado el Gobierno nos afectan directa o indirectamente. Por ejemplo, sabemos que las cenas de Navidad van a caer en picado este año por la retirada de la paga extraordinaria a los funcionarios», agregó.

Las principales organizaciones sociales y sindicales de la provincia también salieron ayer al paso de las medidas de ajuste anunciadas a primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados. La subida del IVA de dos y tres puntos, respectivamente, hasta llegar al 21%, la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios, el recorte del subsidio por desempleo, la reducción del número de concejales, la subida de los impuestos medioambientales, la bajada del 20% las subvenciones a partidos y sindicatos o la eliminación de la deducción por vivienda fueron las principales propuestas del mayor paquete de recortes de la historia de España.

El presidente del PP provincial, José Loaiza, defendió la necesidad de poner en marcha estos ajustes con el objetivo de «reactivar la economía del país», puntualizó el dirigente popular, que consideró «de obligado cumplimiento por la situación crítica que ha dejado el PSOE, que engañó a los ciudadanos, primero negando la crisis y, después, con el déficit del Estado, que después se ha comprobado que no era cierto», apostilló.

Críticas sindicales

Como una bomba cayó, sin embargo, el 'tijeretazo' de Mariano Rajoy entre las fuerzas sindicales y el sector de la hostelería. Uno de los mayores afectados por el anuncio fue la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el grupo mayoritario en las Administraciones Públicas, que manifestó públicamente su indignación y oposición frontal ante las medidas anunciadas en el ámbito de las Administraciones Públicas. En este sentido, anunció la convocatoria de paros parciales en el conjunto de las administraciones durante los meses de julio y agosto, entre otras movilizaciones, y no descarta convocar una huelga en el mes de septiembre. El presidente provincial, Sebastián Alba, adelantó que el alcance de estas movilizaciones se decidirá mañana en la Comisión Nacional del sindicato. «Es indignante que se meta la mano en el mismo bolsillo, el de los funcionarios públicos, a quienes el Gobierno considera su caja de ahorros porque no son capaces de afrontar otras cuestiones como la mala utilización del dinero público o el fracaso de las inversiones en obras públicas que no son prioritarias», apostilló.

Desde el CSIF recordaron que los empleados públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5 por ciento (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida de poder adquisitivo del 21 por ciento.

Comisiones Obreras también anunció posibles manifestaciones conjuntas para las próximas semanas a través del secretario general en la provincia de Cádiz, Manuel Ruiz. «Ya estamos estudiando el informe presentado por el presidente del Gobierno para articular nuestra reacción, que posiblemente lleve a la convocatoria de nuevas movilizaciones», agregó el sindicalista, que añadió: «Se trata de la continuidad de la política que está llevando a cabo este Gobierno, destinada a empobrecer al colectivo de los más débiles, como es el caso de los parados de nuestra provincia, a quienes van a reducir las prestaciones». Además, Ruiz valoró la reducción de las subvenciones que concede el Estado a los sindicatos: «Son cantidades irrisorias, así que no va a suponer una merma para nuestra fuerza sindical. Para nosotros, esta reducción son gestos del Gobierno para la galería».

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso de los diputados, Francisco González Cabaña, expresó su preocupación por el impacto que las nuevas medidas de recorte puedan tener sobre una provincia como la de Cádiz, duramente castigada ya por el desempleo y la crisis económica.

Alerta a los consumidores

González Cabaña subrayó: «Es un insulto y desprecio a los 188.093 parados de la provincia que se les criminalice de su situación cuando son solo víctimas de una coyuntura económica que le ha sobrepasado completamente al presidente del Gobierno». En este sentido, consideró «una frivolidad» que se hayan producido aplausos entre los diputados del PP mientras se debatía este asunto en la cámara. En este sentido, recordó las alternativas expuestas por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, como aumentar los ingresos, la creación de un impuesto de grandes fortunas, subir los impuestos de las grandes corporaciones, incrementar los impuestos especiales, tabaco y alcohol para financiar la sanidad y evitar el copago, y establecer una imposición verde.

Por su parte, la asociación de Consumidores FACUA aseveró que productos como algunos alimentos, medicamentos o prótesis; y servicios elementales como los sanitarios, culturales, deportivos, el transporte público o el suministro de agua; dejan de tributar al 8 para ser gravados el 10%.