Rajoy aprobará el mayor ajuste de la democracia para cumplir con la UE

Ningún miembro del Gobierno festejó ayer la aparente buena noticia que suponen las decisiones de la Comisión Europea de conceder a España un año de gracia hasta 2014 para corregir su déficit excesivo y situarlo por debajo del 3% del PIB y adelantar una transferencia de 30.000 millones para el rescate de la banca. Y es que a cambio, España deberá acometer de manera inmediata nuevas medidas de ajuste, quizás las más drásticas de la democracia.

Mariano Rajoy ultimó anoche en su despacho de la Moncloa su comparecencia ante el Congreso en la que anunciará hoy las líneas generales del que se prevé como el mayor recorte desde el adoptado con los pactos de la Moncloa en 1977. Lo hizo, como antes de las grandes citas parlamentarias, rodeado solo de sus más estrechos colaboradores: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; su jefe de gabinete, Jorge Moragas; el director de la oficia económica de la Presidencia, Álvaro Nadal, y de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. El objetivo del Gobierno es reducir el gasto público en unos 80.000 millones a lo largo de esta legislatura con el objetivo primordial de cumplir el compromiso de España con la austeridad parlamentaria.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, desveló desde Bruselas que Rajoy daría en su comparecencia extraordinaria de hoy en el Parlamento «mucha más información y muchos más detalles» sobre los recortes, aunque fuentes de la Moncloa especificaron que el presidente del Gobierno no detallará toda la batería de medidas que aprobará el viernes el Consejo de Ministros.

España podría acometer buena parte de las recomendaciones que planteó en junio la Comisión Europea para cumplir con el programa de estabilidad presupuestaria 2012-2015. Una de las decisiones estrella será la subida del IVA, algo que también había exigido el FMI.

Rajoy se había resistido como gato panza arriba a esta resolución porque atenta contra una de las principales promesas que hizo durante la campaña electoral y porque, además, se convirtió en una de las banderas de la oposición que ejerció el PP durante el último año y medio de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. «Subir el IVA es el sablazo del mal gobernante», llegó a reprochar Rajoy a Zapatero antes de llegar a la Moncloa. María Dolores de Cospedal, reconoció que el Gobierno no tenía previsto subir el IVA, pero que lo hacía por imposición europea y ante la «nefasta herencia» que recibió del PSOE.

Reformar la administración

El presidente también avanzará en el Congreso los puntos básicos de la reforma de la administración, que incluirá la supresión de centenares de empresas públicas y el aumento de la jornada laboral de los funcionarios. Ambas decisiones conllevará la pérdida de «miles de empleos» de personal laboral, eventuales e interinos, según fuentes del Gobierno. La idea es que los funcionarios trabajen 40 horas semanales, frente a las 37,5 actuales. Solo el aumento de la jornada de los funcionarios supondría un ahorro inmediato de unos 2.500 millones para el conjunto de las administraciones públicas, según las primeras estimaciones de Hacienda. A lo que habría que añadir la supresión de varios complementos y la reducción de los días de vacaciones.

El Gobierno ha convocado hoy a los sindicatos de la función pública a una reunión que se celebrará pocas horas después del discurso de Rajoy para intentar explicar el detalle estas medidas. El Gobierno planea suprimiruna o las dos pagas extraordinarias de julio y diciembre de los trabajadores públicos durante al menos dos años. Una medida de este tipo acarrerará un ahorro de unos 3.000 millones al año, según los cálculos de Hacienda.

Se trata de dos disposiciones idénticas a las que acometió el Gobierno de Portugal tras ser intervenida la economía del país por la Comisión Europea. El Ejecutivo español apretará más el cinturón a las comunidades, sobre todo a las que requieran el aval del Estado para financiarse en el mercado. Arrebatará, asimismo, las competencias a la mayoría de los municipios de menos de 5.000 habitantes con la finalidad de cercenar que puedan endeudarse.

El Gobierno, además, analiza una polémica sugerencia de la patronal que cuenta con el beneplácito de varios organismos internacionales: recortar las prestaciones por desempleo. La CEOE propone recortar el tiempo de percepción de las prestaciones por desempleo desde los 24 a los 18 meses; reducir el subsidio desde el 70% del sueldo inicial hasta el 60% y exigir 14 meses de cotización para percibir la prestación, ahora son 12. Tampoco agradará a Rajoy dar marcha atrás en una de las medidas que aprobó en diciembre pasado, la eliminación de la deducción por vivienda habitual, que es otra exigencia de Bruselas. Una demanda difícil de soslayar.