El juez del 'caso Palau' registra las viviendas de los directivos

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música de Barcelona sigue sin saber a dónde fue a parar buena parte de los cerca de 35 millones que se sospecha que expoliaron el expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, que solo han confesado un desfalco de 3,3 millones de los que devolvieron 1,8.

El magistrado Josep Maria Pijuan ordenó ayer el registro de las viviendas de los dos exresponsables de la entidad cultural, en las localidades barcelonesas de Ametlla del Vallès y Teià. Casi tres años después de que los Mossos irrumpieran en el Palau de la Música, una imagen que causó gran conmoción por el valor simbólico que la entidad cultural ha tenido para la sociedad catalana, la Policía autonómica entró en las casas de Millet y Montull, donde el juez pretendía localizar documentación relacionada con el destino del dinero defraudado y también para encontrar dinero contante y sonante.

«Pese al tiempo transcurrido desde que se inició la investigación de los hechos, no debe descartarse la posibilidad de que guarden dinero en efectivo», expresó en el auto dictado ayer, donde fue muy crítico con los bancos, a los que acusó de no haber colaborado en las labores de investigación. «Las entidades de crédito en que se pagaron en efectivo los numerosos cheques al portador de manera general incumplieron las obligaciones formales de identificación del cobrador», mantuvo el juez.

Ahí no se acabaron las referencias críticas al sector financiero en el auto del instructor. «La escasa colaboración de las entidades financieras ha determinado en gran medida que la instrucción practicada hasta el momento no haya averiguado el destino de, ni siquiera, la mitad del total del dinero defraudado».

El registro perseguía además hacer un inventario de los objetos de valor, cuadros y obras de arte de los que disponen Millet y Montull para cubrir la responsabilidad civil en caso de una condena. Por este mismo motivo, hace cuatro meses el juez ya decretó el embargo de inmuebles, vehículos, depósitos y cuentas corrientes del expresidente del Palau y su hombre de confianza.