El Gobierno arrebatará competencias a los pueblos que no puedan financiarse

El primer ministro italiano, Mario Monti, aprobó por decreto la semana pasada la supresión de la mitad de las 110 provincias italianas y avanzó el despido del 7% de los funcionarios. Mariano Rajoy, en la misma línea que su homólogo transalpino, también quiere adelgazar la administración pública en España, una de las exigencias que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea para ampliar hasta 2014 el plazo para reducir el déficit al 3%. El presidente del Gobierno podría detallar mañana en el Congreso, durante su comparecencia para explicar los acuerdos del último Consejo Europeo, la decisión de arrebatar el grueso de sus competencias los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que no puedan financiar todos los servicios que prestan a los ciudadanos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda destacan que muchos de estos consistorios, que suman el 84% de los 8.117 ayuntamientos de España, no han podido acogerse al plan de pago de acreedores puesto en marcha por el Gobierno porque no han sido capaces de presentar ni un presupuesto completo. Lo mismo ocurrió con el Plan E del anterior Gobierno, al que no pudieron acogerse muchos municipios pequeños por pura incapacidad.

María Dolores Cospedal allanó ayer el camino a los nuevos recortes y lo hizo con la confirmción de algunos aspectos de la reforma de la administración pública que ni los miembros del Ejecutivo se atreven a desvelar. La secretaria general del PP confirmó que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un ambicioso recorte de la plantilla de empleados públicos, el aumento de la jornada laboral de los funcionarios, el rescate de competencias de los ayuntamientos pequeños, la eliminación de duplicidades de servicios entre administraciones y la subida del IVA. Detalló que, dentro de esta reforma de la administración, se incluirá un importante apartado en relación con los ayuntamientos.

Rebajar la masa salarial

Aseveró que en España existe un municipio por cada 5.000 habitantes frente a los 15.000 de Estados Unidos o los 10.000 de Alemania. Los populares consideran preocupante que existan ayuntamientos muy pequeños con deudas porque asumen competencias que no pueden financiar. De las palabras de la número dos del PP se entiende que el Gobierno prevé potenciar el papel de las diputaciones, liquidar las mancomunidades y rebajar de manera notoria el número de concejales y diputados provinciales.

La secretaria general del partido gobernante comparte la tesis del Ejecutivo sobre que la actual plantilla de empleados públicos que no son funcionarios, es decir, eventuales, interinos y contratados laborales, está claramente sobredimensionada. Cospedal enfatizó que no es «normal ni sostenible» que el apartado de personal de las administraciones públicas haya aumentado un 20% en los diez últimos años. Esto supone unos 440.000 trabajadores más. No quiso detallar cuántos de ellos se quedarán sin empleo, aunque serán «miles». A la mayoría de interinos o eventuales no se les renovarán los contrarios. Para ello se buscan fórmulas ya aplicadas en algunas comunidades gobernadas por el PP.

Madrid, por ejemplo, dejó este año de pagar el 40% del sueldo a los empleados públicos que estén más de tres días de baja por enfermedad, de manera que solo cobrarán el 60% del salario sufragado por la Seguridad Social. Al mes de aplicarse la norma, 2.450 empleados públicos se dieron de alta y se reincorporaron a sus puesto. El Ejecutivo quiere además obligar por decreto a las comunidades a que cierren o privaticen la gran mayoría de sus empresas y fundaciones.

Cospedal incidió en que la obligación de los gobiernos es crear las condiciones más beneficiosas para que los emprendedores creen empleo. «Las administraciones no tienen como función ser agencias de colocación, para eso no pagan los ciudadanos sus impuestos», sentenció. Apostilló que si las empresas privadas han recortado sus gastos y adecuado sus plantillas, las públicas deben hacer lo mismo.

En su doble condición de secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha reconoció que a algunas autonomías, como a la suya, les queda «poco margen» para realizar ajustes porque llevan meses apretándose el cinturón. No obstante, dejó claro que si Rajoy pide más esfuerzos a las comunidades, como hizo el lunes pasado ante la Junta Directiva del PP, para cumplir con el compromiso de la reducción del déficit «lo haremos».