El juez rastrea las cuentas de la clínica donde trabajaba sor María

El juez que investiga a María Gómez Valbuena, sor María, imputada por detención ilegal y falsedad documental por el supuesto robo de una niña en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, quiere revisar los libros contables del centro para saber si existía una trama que se lucraba con estas actividades.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha ordenado a la Policía que busque al responsable de las cuentas de la clínica en aquel año y al actual para cotejar datos referidos al supuesto robo de la hija de María Luisa Torres, la madre denunciante.

El juez solicita los libros de marzo a junio de 1982 para verificar los pagos de la paciente por su estancia, que ascendieron a 74.444 pesetas (447,4 euros). Este gasto fue confirmado por el padre adoptivo de la hija de María Luisa en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid.

Esta línea de investigación es una de las tres que ha abierto el juez. Las otras dos se refieren a localizar al personal administrativo y médico de la época que pudiera conocer la trama para que declaren como testigos.

El instructor ha reclamado a la Policía que dé con el paradero del responsable del registro civil de Madrid, que en la época era un magistrado, el secretario del distrito madrileño donde se ubicaba la clínica y la asistente de la Asociación Española para la Adopción, María Isabel de la Vega, la institución que se encargaba de las adopciones.

El juez también ha ordenado a la Policía que de la forma «más urgente posible» encuentre al director de la clínica Santa Cristina en 1982, José Zamarriego, y a una docena de médicos del centro. Entre ellos, el jefe de neonatología Ignacio Villa, varios pediatras y puericultores. Dada la avanzada edad que se les supone, el magistrado quiere un informe físico y mental sobre cada uno de ellos.