Dependencia y viabilidad

La histórica rebaja de los tipos de interés por parte del BCE, que ayer decidió situarlos en el 0,75%, se hizo realidad cuando los mercados no solo daban por descontada la medida sino que esperaban alguna indicación complementaria respecto al papel a desempeñar por la entidad presidida por Draghi dentro de una mayor integración fiscal y política, más allá de su ortodoxia anti-inflacionista. La decepción que generó su intervención se tradujo inmediatamente en la subida de la prima de riesgo para España hasta rozar los 540 puntos y en el revés padecido de nuevo por el Ibex. La actuación del BCE se situó por debajo de las expectativas que suscitó la última cumbre de la UE, como si la autoridad monetaria europea persistiera en su renuencia a protagonizar la reactivación sea cual sea la tendencia que se establezca en las demás instancias del Eurogrupo. De ese modo la medida, que en principio debía aproximar a Europa hacia la política expansiva que estimula el Tesoro estadounidense, podría acabar prácticamente neutralizada. El significativo mutis de Draghi respecto a la eventualidad de que el BCE compre deuda soberana de España e Italia sonó a resistencia. Si Fráncfort no está dispuesto a correr riesgos, nuestros bonos seguirán sometidos a exigencias de rentabilidad alta, como ocurrió ayer mismo con la colocación de la deuda a 10 años a un 6,505% de interés. En estas circunstancias la posibilidad de que la rebaja del precio del dinero se extienda en cascada por el conjunto del sistema crediticio haciendo fluir financiación hacia la economía real y hacia los hogares puede verse dificultada contra lo que el histórico 0,75% invitaría a suponer. Si las empresas y los ciudadanos no perciben directamente las ventajas de la decisión adoptada por el BCE, ésta contribuirá a subrayar el parecer ciudadano, reflejado por el CIS, de que los bancos forman parte de los problemas que acarrea España. El propio Draghi se mostró ayer entre lacónico y escéptico al insistir en que las dificultades para la reactivación económica son de orden más nacional que europeo, sin duda para sacudirse así la mirada inquisitiva que pende sobre el BCE.

El Gobierno aprobará el 13 de julio la reforma de la Ley de Dependencia, después de haber debatido su contenido el próximo martes con las comunidades autónomas. La ministra Ana Mato ha explicado que la deficiente previsión de la Ley de Dependencia actual ha llevado a una situación límite la atención a las personas que «más lo necesitan», por lo que se va a plantear una «nueva ordenación del sistema», cuyo objetivo es asegurar su viabilidad, garantizando con ello una mejor atención, «especialmente a los grandes dependientes». El criterio general es que el dependiente deberá pagarse el servicio recibido siempre que tenga suficientes recursos y con un mínimo garantizado para gastos personales. La difícil situación del país obliga a aquilatar cada gasto y hay que aplaudir que se aborde un problema que hoy plantea situaciones insostenibles. Sin embargo, resulta peligroso generalizar una ley para un problema en el que cada caso es un drama humano con unas peculiaridades difícilmente unificables. Las consecuencias de aplicar una rigidez normativa en estas situaciones podría provocar sufrimientos añadidos a personas y familias que, en muchas ocasiones, se ven impotentes para sobrellevar una carga dolorosa, costosa y por tiempo indefinido.