El Gobierno avanza en la reforma municipal sin el apoyo del PSOE

El Gobierno ha decidido no esperar al PSOE para acometer la reforma de las administraciones. A pesar de que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometieron a pactar la reordenación de competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas, eliminar duplicidades y ganar eficiencia, el Consejo de Ministros verá hoy el informe de anteproyecto de la futura ley del régimen local, un texto que en ningún caso cuenta con el beneplácito del primer partido de la oposición, y en el que se propone reforzar el papel de las diputaciones en detrimento de las mancomunidades, llamadas a desaparecer.

La propuesta fue trasladada a los socialistas en un primer encuentro entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el responsable de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, hace ya un mes. No fue bien recibida y la semana pasada la formación que lidera Rubalcaba respondió con un documento crítico en el que se planteaban, de forma vaga, algunas alternativas y se fijaban los puntos de discrepancia, entre ellos, el de que no se abordan los verdaderos problemas del modelo ni se cumple el prometido principio de «una administración, una competencia».

Ni ha habido más contactos ni parece que los vaya a haber. El Gobierno se había comprometido a tener lista la nueva ley antes de final de año y el tiempo apremia. En el Programa Nacional de Estabilidad para el período 2012-2015 remitido a Bruselas se aseguraba que por esta vía se lograría un ajuste de 3.500 millones de euros. España va ya por el mal camino, a tenor de la caída de ingresos sufrida en lo que va de año, para cumplir el objetivo del déficit del 5,3% y el Ejecutivo quiere lanzar el mensaje de que no se relaja.

Nerviosismo

«Es una barbaridad que pretendan acometer una reforma así en solitario, pero están de los nervios y no me extraña», apunta Zarrías, molesto ante la falta de contestación del Ejecutivo a su contrapropuesta. El dirigente socialista defiende que lo lógico sería abordar una reforma «integral» que comprenda distintas leyes a un tiempo. Y eso era, en un principio, lo que estaba también en la mente del Gobierno, que había hablado de modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Haciendas Locales, e incluso se plantea reformar la ley orgánica del régimen electoral para reducir el número de concejales.

Lo único que Beteta llevó a la mesa de negociación, sin embargo, fue un borrador de la Ley de Bases del Régimen Local que, en términos generales, traslada al ámbito local los principios de la ley estabilidad presupuestaria -y permitirá la intervención de municipios-, prohíbe asumir competencias impropias salvo que los servicios básicos estén suficientemente cubiertos y descarga a los gobiernos locales de sus atribuciones en materia de educación y sanidad.

El principal punto de conflicto, sin embargo, está en que el Ejecutivo propone que las diputaciones se hagan cargo de la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes en caso de que estos no puedan ofrecerlos con la suficiente calidad y además abre la puerta a su privatización. Dos cosas que no gustan nada al PSOE y que irían acompañadas de la supresión de las más de mil mancomunidades que hay en España; la gran mayoría de ellas, dos tercios, son asociaciones de pueblos que suman juntos menos de 5.000 habitantes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habló ayer de «cambios profundos» que irán acompañados, dijo, de medidas para regular el sueldo de alcaldes y concejales y hacerlos públicos. Esa idea, que ya aparecía recogida en el anteproyecto de ley de Transparencia, es uno de los pocos puntos de encuentro entre los dos partidos mayoritarios. Ambos coinciden en que no es de recibo que alcaldes de grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza cobren más que el presidente del Gobierno.

La número dos del Ejecutivo, que participó en una charla en el campus de la Fundación FAES en Navacerrada, hizo igualmente referencia a una futura reducción del número de concejales en función de la población. Pero tampoco en esto hay consenso. Los socialistas no ven esta iniciativa con buenos ojos porque, a su juicio, acabaría con la representatividad de los partidos pequeños. «A nosotros -dice Zarrías- no nos perjudica, pero en términos democráticos no parece muy justo; busca el bipartidismo perfecto».

La fractura es evidente. Tanto que también el PSOE tiene intención de presentar en el Congreso, por su cuenta, una proposición de ley «ambiciosa».