El PSOE exige cuentas a Báñez por la filtración de sus despidos

El PSOE está determinado a llevar hasta sus últimas consecuencias la batalla contra la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, por la filtración de datos referentes al expediente de regulación de empleo que va a acometer el principal partido opositor ante la caída de sus ingresos por los malos resultados electorales. De momento, quiere su comparecencia en el Congreso, pero insiste en que estudia acciones judiciales porque el asunto va tomando tintes de «extrema gravedad».

Los socialistas ven en la tímida respuesta del Ejecutivo a las informaciones publicadas por el diario El País un indicio de que, efectivamente, el contenido del ERE que el PSOE presentó ante las autoridades competentes el pasado 22 de junio fue desvelado a un periodista de La Razón desde el correo electrónico de la propia ministra.

Báñez no ha dicho nada hasta la fecha, aunque desde su departamento se niega la veracidad de lo publicado. El portavoz del PP en la Cámara baja, Alfonso Alonso, se limitó a advertir, mientras, que su formación se opondrá a la solicitud realizada por los socialistas para que la ministra se explique en el Congreso. Aseguró que no parece existir «base» suficiente, pero en el principal partido de la oposición hacen hincapié en que eludió desmentir las acusaciones. «No valoro hipótesis que me parecen poco probables», comentó tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso.

Dudas de ilegalidad

En el Gobierno admiten que, de confirmarse que la responsable de Trabajo utilizó su posición para, como teme el PSOE, perjudicar a su principal adversario político el caso sería preocupante porque podría haber cometido un delito de revelación de secretos, especialmente grave por partir de una autoridad pública. Sin embargo, señalan que Báñez ha trasladado a varios compañeros del Consejo de Ministros que se encuentra «tranquila». Otras fuentes alegan que, de momento, todo es demasiado confuso. Pero nadie se atreve a negar que la ministra cometiera una ilegalidad.

La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, insistió en que es «absolutamente necesario» que Báñez aclare lo ocurrido y se mostró sorprendida de que no haya sido ella misma quien haya solicitado pronunciarse sobre el asunto ante la cámara. En todo caso, el PSOE tendrá difícil lograr su objetivo, que es una comparecencia «urgente». El periodo de sesiones parlamentarias ha concluido. Los meses de julio y agosto son inhábiles y sólo habrá, en principio, dos plenos de carácter extraordinario porque así fue acordado por todos los grupos. Para que la ministra comparezca ante la comisión de Empleo ésta tendría que ser convocada por la Diputación Permanente, pero si los populares, que tienen mayoría absoluta, no están por la labor la causa está perdida. Salvo que la presión aumente tanto que Báñez decida dar un paso al frente.

En la sede del PSOE avisan de que no dejarán pasar este caso sin más. Desde el lunes, los servicios jurídicos del partido estudian las posibilidades de una denuncia o una querella contra Báñez. De momento, se encuentran con la dificultad de que sólo disponen de informaciones periodísticas para sustentar un eventual recurso a los tribunales pero sostiene que la ministra tiene «difícil escapatoria».

A lo largo de los próximos días pretenden, en cualquier caso, solicitar a la Agencia de Protección de Datos que abra un expediente para investigar por qué y cómo una información a la que sólo deberían tener acceso las partes implicadas, en este caso el PSOE, los trabajadores y la autoridad laboral, llegó a manos de un medio de comunicación. «Ni siquiera -dicen- tenía por qué haber llegado a las de la ministra».