El Gobierno descarta recentralizar las competencias de Justicia

El fiscal general del Estado, como ya le ocurriese hace tres meses a Esperanza Aguirre, se ha quedado solo en la denuncia de la supuesta ineficiencia de la administración autonómica de la Justicia y en la propuesta de que las competencias en esta materia retornen al Estado para mejorar la gestión de los tribunales. Todos, Gobierno, PP, oposición y comunidades autónomas de distinto signo político rechazaron ayer la propuesta que lanzó Eduardo Torres-Dulce el lunes en un curso de verano de la Universidad Juan Carlos I, donde aseguró que la realidad ha demostrado que el traspaso a a la gran mayoría de las autonomías de la gestión de los medios personales y materiales de la administración de Justicia fue un «error».

El máximo responsable de la Fiscalía, como ya hizo en abril la presidenta madrileña, reclamó la recentralización de la gestión de esta materia y defendió que «un Estado (central) en el que no hay un núcleo importante de Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar».

La desautorización más contundente le llegó desde el propio PP, por boca del portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, quien orientó sus declaraciones a tratar de clausurar un debate, el del recorte del estado autonómico, que sabe que no les aporta beneficio político alguno. Aseguró que tanto él, como su partido y el Gobierno de Mariano Rajoy no tienen en estudio plan alguno para despojar a las comunidades autónomas de la gestión de los medios y la infraestructura de la Justicia, ya que consideran «razonable» que la competencia continúe en sus manos.

El dirigente popular indicó que en los planes del Ejecutivo lo que sí está es mejorar la coordinación entre las estructuras judiciales dependientes de las comunidades, del Estado y del Consejo General Poder Judicial para lograr un funcionamiento más eficaz de los tribunales, con planes como la utilización de sistemas informáticos compatibles por todos los tribunales, las fiscalías y registros para lograr un funcionamiento en red de todos los departamentos y un intercambio de datos ágil.

Más coordinación

El ministerio y las autonomías también han comenzado a ejecutar el despliegue del nuevo modelo de oficina judicial y el departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón prepara la salida de la resolución de múltiples procedimientos y controversias mínimas del ámbito judicial, y la adaptación al siglo XXI de la estructura de los partidos judiciales y de los procedimientos penales. En definitiva, según fuentes gubernamentales, el objetivo es mejorar la coordinación entre administraciones y la modernización funcional, pero nunca la recentralización.

Las comunidades gobernadas por el PP también rechazaron la propuesta del fiscal general y portavoces de la Xunta de Galicia y de los gobiernos de Aragón y Cantabria salieron a defender sus competencias en Justicia. El único territorio bajo control popular que consideró «muy oportuno» el análisis de Torres-Dulce fue Madrid, que a través de su consejera de Justicia no dio un apoyo explícito al fiscal, pero consideró que «es muy importante que se produzca esta reflexión».

Los rechazos más contundentes a cualquier amago de recorte de competencias por parte del Estado salieron de los ejecutivos de Euskadi y Cataluña. La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, anticipó su «rotundo rechazo» a la propuesta del fiscal general e indicó que su gabinete no permitirá la recentralización de competencia alguna, sea de Justicia o de cualquier otra materia.

Mendia, cuyo Ejecutivo ya ha llevado al Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional por considerar que ha invadido sus competencias exclusivas con algunos aspectos del real decreto de recortes sanitarios, alertó de que algunas personas pueden tratar de recortar el autogobierno e intentar reformar la Constitución por la puerta de atrás con la excusa de medidas de choque y de ahorro del gasto contra la crisis.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, mostró su beligerancia contra cualquier intento recentralizador de competencias en términos similares a los de Mendia y envió un aviso a Torres-Dulce a través de una entrevista en Catalunya Radio. «Sería conveniente que el fiscal general del Estado se centrase en su trabajo y no hiciese de analista político», sugirió.