La comisión de los ERE quiere interrogar a los encarcelados

La comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público en Andalucía solicitará a Instituciones Penitenciarias y al juzgado que instruye el caso poder interrogar a los altos cargos de la Junta encarcelados de forma preventiva, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Si el permiso es concedido lo más probable es que la comisión tenga que desplazarse a las cárceles o bien que el interrogatorio se realice por videoconferencia.

Junto a estos imputados, la primera tanda de declaraciones incluirá a 17 altos cargos de anteriores o del actual Ejecutivo, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves. A petición de IU y PSOE, también declararán los dirigentes del PP Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana, por su supervisión de uno de los ERE en los que se han detectado intrusos.

Mientras tanto, la investigación continúa a buen ritmo en los juzgados. La instructora Mercedes Alaya tomó declaración al segundo director general de Trabajo imputado, Juan Márquez, quien sustituyó a Guerrero en el cargo y al que la jueza acusa de haber mantenido el sistema. Cree que es responsable de haber aprobado 114 prejubilaciones y 17 ayudas directas a empresas por un importe total de 154 millones de euros.

Alaya imputó a Márquez cuatro delitos continuados de malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación activa omisiva y falsedad documental.