El fiscal general pide la devolución al Estado de la competencia de Justicia

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, volvió ayer a destapar la caja de los truenos, como ya hiciese hace tres meses la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, al reclamar un proceso de recentralización del Estado, al menos en lo que concierne a las competencias de Justicia. Torres-Dulce no se anduvo con rodeos y aseguró que el traspaso de las competencias sobre la gestión de los medios materiales y personales de los tribunales a las autonomías fue «un error» que no ha aportado beneficio alguno al sistema y sí numerosos inconvenientes y disfunciones.

El fiscal general, en el marco de una conferencia estival en la madrileña Universidad Juan Carlos I, señaló que una mejora del servicio público de la Justicia pasaría, entre otras cosas, porque las comunidades que han asumido la gestión de los tribunales, que son la gran mayoría, las devuelvan al Gobierno central, «si es posible». El máximo responsable del Ministerio Público se mostró convencido de que muchas comunidades autónomas estarían de acuerdo con su análisis y su propuesta, pero que no se atreven a plantearlo con claridad por temor a asumir costes políticos en sus territorios.

De hecho, Torres-Dulce fue mucho más lejos y dio a entender que no es partidario de la forma en que se ha desarrollado el modelo del Estado de las Autonomías. En su opinión, «un Estado (central) en el que no hay un núcleo importante de Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar».

La propuesta de Aguirre

El planteamiento de Torres-Dulce es un calco de la filosofía del que transmitió Esperanza Aguirre al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 10 de abril en el palacio de la Moncloa. La presidenta madrileña consideró necesario un profundo proceso de recentralización del Estado, por el que las autonomías devolviesen al Ejecutivo central sus principales competencias, Educación, Sanidad y Justicia.

Aguirre incluso fue más radical que el fiscal general del Estado porque planteó también la cesión de la gestión de otras importantes materias ahora autonómicas a los municipios, con lo que en su diseño de modelo de Estado reducía el papel de las comunidades a la mínima expresión.

La presidenta madrileña, una política ultraliberal y confesa partidaria de la drástica reducción de las administraciones publicas, valoró que, de llevarse a cabo su propuesta, España podría ahorrarse unos 48.000 millones de euros anuales en gastos de personal, corrientes y en infraestructuras. Ningún portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy ni del PP ni tampoco los presidentes autonómicos populares contestaron ayer a la reclamación pública de Torres-Dulce, pero la mayoría de ellos sí que lo hicieron hace dos meses a la propuesta equivalente de Aguirre.

Entonces, tanto fuentes del Gobierno como del partido mayoritario aseguraron que la presidenta madrileña podía considerarse un verso suelto porque en los planes de reforma de las administraciones que elabora el Gobierno no se contempla proceso de recentralización alguno ni de amenaza a las grandes competencias autonómicas. Los planes del Gobierno apuntan a detallar las competencias propias de cada administración para evitar despilfarros y duplicidades y a retocar aspectos de las legislaciones y la gestión autonómicas que suponen una traba a la unidad de mercado. Ni un solo presidente autonómico secundó la devolución de grandes competencias y solo el catalán Artur Mas dijo que le parecía bien siempre que se aplicase a todas las autonomías excepto a Cataluña y Euskadi.

Quien si salió al paso de la propuesta del fiscal general fue la dirección federal del PSOE a través del secretario de Organización, Óscar López, quien rechazó cualquier proceso recentralizador y recordó al máximo responsable de la Fiscalía que ningún responsable político, ni del Gobierno ni de la oposición, tiene este asunto sobre la mesa. El dirigente socialista comentó que más bien es al contrario porque todos los estatutos de autonomía de nueva generación incluyen la gestión por las comunidades de las competencias en Justicia, aunque en algún caso aún no las hayan asumido. Un portavoz del Gobierno socialista de Andalucía advirtió de que el proceso es «irreversible»

El único partido que reclama la devolución de las tres grandes competencias al Gobierno central, dentro de un programa de corte recentralizador, es Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

De las asociaciones de la carrera judicial y fiscal tampoco logro apoyos Torres-Dulce. La progresista Jueces para la Democracia consideró que la idea es incompatible con el Estado constitucional, mientras que las organizaciones conservadoras pusieron el acento en la necesidad de coordinar procedimientos como los sistemas informáticos o los registros para evitar ineficiencias de la Justicia.