Enfado mayúsculo en el Supremo por la retirada de escoltas y coches

El enfado en el alto tribunal con el Ministerio del Interior es supremo. Nunca antes la principal instancia de la judicatura había hecho pública una nota tan dura contra otra institución. Y menos contra el Ejecutivo. La Sala del Gobierno del Supremo, en nombre de todos los magistrados que componen ese tribunal, acusó al departamento que dirige Jorge Fernández Díez de «despreciar» a ese órgano por ordenar la retirada de un día para otro los escoltas y los coches a los cerca de 80 jueces que trabajan en esa sede. La nota, fruto de un «acuerdo» oficial de la sala, denuncia asimismo el agravio comparativo con otros tribunales, en los que la reducción de la protección ha sido menor.

El Supremo echó así más gasolina al incendio provocado por la decisión de Interior de reducir las escoltas de las máximas autoridades judiciales del país. Cuando todavía no se han apagado los rescoldos de la polémica en la Audiencia Nacional por la reducción de 250 a 50 en el número de guardaespaldas, el tribunal reavivó la controversia con sus críticas también a la «forma» en que se han retirado los servicios.

Según fuentes del tribunal, el pasado martes la comisaría que comparten el Supremo y el Consejo del Poder Judicial comunicó la supresión de coches y escoltas. La reducción se hizo efectiva menos de 48 horas después. De los más de ocho decenas de magistrados, solo el presidente, Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, conservaron su protección. «La Sala de Gobierno considera que las formas en que se han comunicado al Tribunal Supremo estos acuerdos no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional», reza la nota.

Pero las críticas van más allá. El Supremo dice «confiar» en que, a pesar de esta «reorganización de los servicios de seguridad», el «Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso». Pero se muestra muy beligerante con la retirada de todo el parque móvil. Aunque dice «entender» que «los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado», los magistrados aseguran que «no pueden aceptar que la medida adoptada se refiera única y exclusivamente a este tribunal». Es más, reprochan a Fernández Díaz su «desprecio» a la «relevancia institucional» del Supremo «en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia».

Poder Judicial

Tras estas palabras se esconde una velada referencia al Consejo General del Poder Judicial, donde sus 20 vocales, aunque han perdido la escolta, todavía mantienen los coches oficiales. Y sobre todo, a la Audiencia Nacional. En el tribunal de la calle Génova, no obstante la tormenta de reproches desatada, aun hay medio centenar de policías en labores de protección dinámica. De los altos cargos que todavía mantienen escoltas por orden de Interior continúa el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro; el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrrubia; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal Antidroga José Ramón Noreña; y el teniente, fiscal Fernando Burgos.

Ante este panorama, el Supremo dijo en su nota «esperar» que la reducción de protección «no signifique, tal como en principio aparece, una injustificada discriminación institucional». Y, acto seguido, el alto tribunal hizo una indisimulada amenaza a Interior. Si confirma que se ha producido esa «injustificada discriminación», la «Sala de Gobierno adoptaría las iniciativas oportunas», que no llegó a avanzar en su comunicado emitido ayer.