Una boda tradicional en India, un país en el que abundan los matrimonios forzados . :: AP
Sociedad

Víctimas del matrimonio

Unicef advierte de que 60 millones de niñas pueden sufrir una 'boda de honor' en los cien países donde la práctica es costumbre En España no se considera delito que una mujer sea forzada a casarse

MADRID. Actualizado: Guardar
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Miles de mujeres en el mundo contraen matrimonio forzoso, es decir, son obligadas a casarse en contra de su voluntad con hombres que en muchos casos no han visto nunca. Esos enlaces concertados por los familiares, que afectan tanto a mujeres adultas como a niñas, se producen al amparo de tradiciones culturales que en realidad esconden una vida plagada de amenazas, agresiones y violaciones. En Europa estas prácticas son vistas tanto por la sociedad como por las administraciones como algo lejano y propio de países musulmanes anclados en el pasado. Sin embargo, la inmigración ha traído consigo estas 'bodas por honor' al Viejo continente. Ahora el Reino Unido ha decidido unirse al exiguo grupo de países que tipifica esas uniones como delitos penales. España no está, de momento, entre ellos.

Un estudio de Unicef señala que hay 60 millones de niñas que son víctimas potenciales de estos matrimonios, que todavía son costumbre en unos 100 países. En el Reino Unido, los duros testimonios de algunas jóvenes paquistaníes relatando el calvario vivido en estos matrimonios forzados han obligado al Gobierno de David Cameron a mover ficha contra lo que han calificado como «una esclavitud». En este país las autoridades calculan que se producen unos 8.000 casos al año. El proyecto de ley se espera que sea aprobado a finales de año o a comienzos de 2013. Se aplicará en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En Escocia ya existe una legislación al respecto que castiga este delito con dos años de cárcel.

La situación en España es bien distinta. El Código Penal no recoge este delito de manera específica. Los casos de este tipo se persiguen a través de otros delitos de 'cobertura' como la coacción, violación, malos tratos, etc. Los expertos aseguran que el perfil de la víctima es una chica magrebí de entre 14 y 21 años que vive en comunidades de inmigrantes muy cerradas. La falta de denuncias hace casi imposible conocer la cifras de afectadas. Aunque no hay datos oficiales, solo en Cataluña -la comunidad más avanzada en estos supuestos- calculan que se han producido 300 casos.

Para lograr atacar el problema desde las organizaciones de mujeres piden que se incluya en el Código Penal. De esta forma permitiría actuar preventivamente a través de la disuasión y, además, sería un agravante en caso de condena. «Cuando se obliga a una mujer, y más si es una niña, a casarse está más que justificado que sea considerado un delito específico», explica Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. «Ser castigado únicamente como una coacción no alcanza a comprender todas las implicaciones que tiene, tanto físicas como psicológicas», añade.

Petición del Congreso

«En la población musulmana tiene gran incidencia y a veces realizan prácticas culturales contrarias a los principios constitucionales de España. En los matrimonios forzosos el maltrato está encubierto», asegura Ángela Cerrillos, presidenta del colectivo de mujeres juristas Themis. Aunque reconoce que ya se puede perseguir a través de la coacción, considera que si se recogiese de manera específica en el Código Penal supondría un agravamiento del delito.

En cualquier caso, estas peticiones no son nuevas. El Congreso de los Diputados ya instó al Gobierno en mayo del año pasado a incluir el matrimonio forzado como delito en el Código Penal. En concreto dentro del Título VI de delitos contra la libertad. La enmienda fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, un año después, la petición ha caído en el olvido.

También la UE se ha pronunciado sobre estos dramáticos casos. En 2011 elaboró un informe en el que recomendó que fuese tipificado como delito. En Francia, Noruega, Bélgica y más recientemente en Alemania, obligar a una persona a casarse contra su voluntad se considera delito y se castiga con penas de entre dos y seis años de cárcel.