Gobierno y PSOE se distancian de un pacto para reformar la estructura del Estado

Las posibilidades de acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para una reforma amplia de la administración territorial que haga el sistema más eficiente van camino del desagüe. Las buenas intenciones con las que unos y otros iniciaron sus contactos hace cerca de un mes se convirtieron en papel mojado apenas el Ejecutivo puso negro sobre blanco su propuesta: un modelo en el que las diputaciones provinciales salen reforzadas y las mancomunidades de municipios desaparecen.

No ha servido de mucho que la idea del pacto se fraguara al más alto nivel y que fueran los mismísimos Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba quienes se comprometieran en su última reunión en el palacio de la Moncloa a crear un grupo de trabajo para acometer ya una revisión a fondo de la estructura del Estado a fin de eliminar duplicidades y ordenar competencias. A la hora de la verdad, solo ha habido un encuentro entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el responsable de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías. El distanciamiento es más que evidente.

El Gobierno -que tiene intención de presentar su propuesta de reforma antes de que el Congreso cierre en julio sus puertas por vacaciones y lo hará, según dejó claro (la semana pasada) esta misma semana Beteta, con o sin el visto bueno de los socialistas- sigue pensando que prácticamente la mitad de los 8.117 ayuntamientos españoles son «inviables», pero ha renunciado a la idea de imponer fusiones o acabar de una sola tacada con todos aquellos que tengan menos de 5.000 habitantes, nada menos que el 84%, como hizo hace dos años Grecia con los de menos de 10.000 en un intento de ahorrar 1.185 millones de euros y reducir su abultadísimo déficit. Al menos, ha renunciado a hacerlo a las bravas.

El borrador de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local sobre el que se negocia propone, como fórmula para evitar una solución tan drástica, que las diputaciones se hagan cargo de la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes en caso de que estos no puedan ofrecerlos con la suficiente calidad; una medida que pasa, necesariamente, por la eliminación de las mancomunidades. En España hay 1.024 asociaciones intermunicipales de este tipo, pero dos tercios de ellas representan a menos de 5.000 habitantes, lo que las hace demasiado pequeñas para buscar un ahorro basado en la economía de escala. La propuesta gubernamental, que en todo caso debe ir acompañada de una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley de Haciendas Locales, es a juicio del PSOE insuficiente para hacer frente a los objetivos de eficiencia que se persiguen y, además, yerra en el diagnóstico.

Texto alternativo

Tres semanas después de su primer encuentro con Beteta, Zarrías remitió el lunes pasado al secretario de Estado una carta acompañada de un texto alternativo. En ella, reprocha al Gobierno que busque la «privatización» de los servicios públicos -sostiene que si no es por esa vía las diputaciones no podrían hacerse cargo tampoco de la prestación de los mismos- y advierte de que en ningún caso la iniciativa presentada responde a «aquel principio expresado con insistencia de 'una administración una competencia'».

El Ejecutivo apuesta, en todo caso, por descargar a los gobiernos locales de las escasas competencias que, conforme a la legislación actual, deben prestar en materia de educación y sanidad: la participación en la programación de la enseñanza y la creación y mantenimiento de los centros escolares, por un lado, y la participación en la gestión de la atención primaria de la salud, por otro.

Lo que, sin embargo, no se ha cuantificado todavía desde el departamento de Administraciones Públicas es el grado de ahorro que podrían suponer sus planes. Y el asunto no es baladí. En lo que va de año el Estado ya acumula un 3,41% de déficit, muy cerca del objetivo pactado con Bruselas para todo 2012, un 3,5%. La causa está en la caída de los ingresos, pero también en el anticipo de 9.000 millones de euros en transferencias a otras administraciones, es decir, a autonomías y ayuntamientos.

Los socialistas defendieron durante la campaña electoral que apostar por las mancomunidades y reformar las diputaciones -lo opuesto a lo que pretende el Gobierno- podría servir para ajustar mil millones de euros. Pero ahora tampoco hacen caballo de batalla de ese asunto. Su principal crítica a lo que el Gobierno ha puesto encima de la mesa es que supone un «desapoderamiento» de los municipios. Calcula, de hecho, que según los criterios fijados solo 396 ayuntamientos podrán retener sus competencias. El texto alternativo de Zarrías, en cambio, detalla una relación competencial mucho más amplia que la actual, que reconocería a los gobiernos locales autoridad sobre asuntos como, por ejemplo, la integración de los inmigrantes.

Las conversaciones siguen en marcha, aunque todavía no hay ningún encuentro programado para este mes. De momento, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que el PP tiene mayoría.