PP y PSOE renuevan el Constitucional con magistrados de su gusto ideológico

El Tribunal Constitucional normalizará su funcionamiento por primera vez en cinco años a partir del próximo 18 de julio. Desde 2007 siempre ha tenido magistrados con su mandato agotado por la incapacidad de los dos grandes partidos para pactar en plazo a los sustitutos y desde mayo de 2008 cuenta con un miembro menos de los doce que le reserva la Constitución porque PP y PSOE bloquearon hasta ahora la sustitución del fallecido Roberto García-Calvo.

Los dos grandes partidos, presionados por el propio pleno del tribunal, que el pasado 20 de mayo amenazó con colapsar el funcionamiento de la institución si no era renovada de inmediato, pactaron ayer el nombre de los sustitutos de García-Calvo y de los tres últimos magistrados que trabajan con el mandato de nueve años agotado desde noviembre de 2010.

El ultimátum hizo que los equipos de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactasen en dos semanas lo que, por intereses y estrategias partidistas, no lograron en 19 meses. Para conseguirlo, tuvieron que comprometerse a no vetar los dos nombres que propondría el contrario, por lo que procuraron elegir a candidatos con un perfil político más moderado que los colocados sobre el tapete en las negociaciones fracasadas.

Portavoces de PP y PSOE destacaron que los cuatro juristas que ayer registraron en el Congreso y que, tras su examen en comisión, serán designados a mediados de julio por su mayoría en el pleno son solo profesionales de sólida y reconocida trayectoria, que ayudarán a mejorar y prestigiar la dañada imagen de la institución.

Se trata de un dato cierto, como lo demuestra que sean dos magistrados del Tribunal Supremo y dos prestigiosos catedráticos en Derecho. No son ni Enrique López -exportavoz conservador del Poder Judicial- ni Cándido Conde-Punmpido -exfiscal general del Estado-, dos de las apuestas que bloquearon las negociaciones pasadas. Pero todos tienen un claro sesgo ideológico que, como en otras ocasiones, hace que se les defina como dos progresistas y dos conservadores.

El caso más claro es el de Andrés Ollero, un catedrático de Filosofía del Derecho que pasó 17 años de diputado del PP y fue un contundente portavoz de Justicia. Pero el catedrático de Derecho del Trabajo propuesto por el PSOE, Fernando Valdés, también ha descalificado públicamente la reforma laboral del Gobierno, uno de los recursos de inconstitucionalidad que deberá resolver en la corte.

Algo parecido pasa con el magistrado del Supremo Juan José González Rivas, propuesto por el PP y afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del que se conoce su desacuerdo con la regulación legal del matrimonio homosexual, impugnación de alta sensibilidad política también pendiente de resolución desde hace años en el tribunal del que formará parte en dos semanas.

Respaldo de CiU

La cuarta candidata es Encarnación Roca, una de las primeras mujeres en el Supremo, de pensamiento progresista y de sensibilidad autonomista. Tanto es así que la inclusión de su nombre en el pacto ha permitido que la propuesta entregada en el registro por PP y PSOE acabase siendo firmada también por CiU.

De hecho, la entrada de estos cuatro juristas y la salida de los progresistas Eugenio Gay y Elisa Pérez y del conservador Javier Delgado no parece que vaya alterar el equilibrio de sensibilidades de la corte, escorado del lado progresista. Sobre el papel la actual proporción de 7 a 4 pasaría a un 7 a 5. Sin embargo, esa cuenta solo es teórica porque el progresista Manuel Aragón suele votar en controversias de contenido nacionalista con los conservadores. Ese ocasional 6 a 6 puede cambiar el sentido de algunas sentencias futuras si como consecuencia de la renovación Pascual Sala no fuese reelegido presidente y el cargo recayese en un conservador, lo que entra en lo posible.

El pacto entre PP y PSOE se extendió también a otros órganos constitucionales que, por los mismos enfrentamientos partidistas, estaban pendientes de renovación desde hace más de un año. Además de la nueva Defensora del Pueblo, se acordaron los nueve miembros con los que el Congreso renovará la Junta Electoral Central y los doce nuevos componentes del Tribunal de Cuentas que elegirán, también a mediados de julio, las Cortes. El máximo órgano fiscalizador de los gastos de la Administración será presidido por Ramón Álvarez de Miranda.

Nacido en Sevilla en 1944, es catedrático de Filosofía del Derecho, de marcado perfil conservador y en 2003 abandonó la política tras ser 17 años diputado nacional del PP por Granada.

Miembro de la sala de lo Contencioso, avaló la objeción a Educación para la Ciudadanía y defiende el matrimonio tradicional.

Nacida en Barcelona en 1944, esta magistrada de la Sala Civil ha sentado jurisprudencia con sus fallos y ha sido elegida por el PSOE y con la venia de CiU.

Elegido a propuesta del PSOE, el catedrático de Derecho del Trabajo (Valladolid, 1945) no ha ocultado sus críticas a la reforma laboral del Gobierno de Rajoy.