La Fiscalía no ve por el momento indicios para ilegalizar Bildu

La Fiscalía no está dispuesta a dar pasos en falso ni a obrar de «forma precipitada» o «impulsiva» sean cuales sean las presiones. Y menos aún con datos muy parciales. El Ministerio Público, al menos por el momento, no tiene intención de impulsar un proceso de ilegalización de Bildu ni por la subvención -ya rechazada- a un documental sobre presos terroristas cuyo contenido aún desconoce ni por las críticas de miembros de la formación a las detenciones de los últimos militantes de ETA.

Diversos responsables del departamento que dirige Eduardo Torres-Dulce creen que la sentencia del Constitucional sobre Sortu puede ayudar a promover ilegalizaciones con más garantías al fijar un «marco estable», pero también tienen claro que la corte ha puesto, con este y con anteriores fallos, el «listón muy alto» y que «tumbaría» sin contemplaciones un alegato con los datos que hasta ahora tienen las fuerzas de seguridad contra Bildu. Unas pruebas que, en su «traducción jurídica», son «muy pocas o ninguna» para sostener una petición tan seria como la de pedir al Constitucional anular derechos fundamentales privados y colectivos de un partido político que ya es legal con el propia 'bendición' de la corte.

En la Fiscalía quieren tomárselo con muchísima más calma que el ministro del Interior, quien el lunes ya anunció que consideraba que la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por esta formación, de financiar con 9.000 euros la producción de un documental sobre cinco presos de ETA, era «un claro indicio» para poder reclamar su ilegalización al abrigo del fundamento jurídico número 15 de la sentencia de Sortu. Jorge Fernández Díaz afirmó que no le «temblaría el pulso» para iniciar procesos, pero lo cierto es que la acusación pública cree, sin haber visto ese vídeo, ese amago de subvención no es «ni mucho menos suficiente» para sostener un recurso ante el Constitucional. Al máximo -explican fuentes de este departamento- sería un indicio más, y ni siquiera central, en un alegato mucho más vasto en el que se deberían incluir pruebas «contudentes» de que se han violando uno o varios de los preceptos fijados por la corte de garantías.

Eduardo Torres-Dulce puso ayer voz a la extrema cautela de su departamento en torno a este asunto. Negó rotundamente que la Fiscalía haya abierto «ningún tipo de investigación» sobre el polémico vídeo y la subvención. «Recibimos constantemente y valoramos los indicios que pudieran darse», recordó el máximo responsable del Ministerio Público, quien explicó que las fuerzas de seguridad tienen la orden «permanente» de transmitir de forma «constante» toda la información que recaben sobre «todas las organizaciones que pudieran ser susceptibles de ilegalización».

«En el límite»

Un poco más allá fue el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien señaló que «la ley de partidos está en vigor y se puede aplicar» y que, particularmente en el tema de las declaraciones de miembros de la formación abertzale en las que ponen en cuestión las últimas detenciones de miembros de ETA, Bildu se sitúa «en el límite de la legalidad».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, se mostró también cauto sobre el documental: «Sin conocer el contenido de lo que está subvencionando, no se puede hacer ninguna valoración».

En cualquier caso, Zinez Elkartea, la productora del documental 'Ventanas al interior', anunció que renuncia a la subvención de los 9.000 euros concedida por el consistorio donostiarra para evitar que ese filme sea usado para «perseguir a nadie». Los representantes de la productora, Haizea Belza y el abogado Luix Barinagarrementeria, explicaron que su trabajo no era un relato ni «heroico ni satánico de los presos», al tiempo que acusaron a Interior de «coartar la libertad de creación de los artistas» con el amago de Fernández Díaz de movilizar a la Abogacía del Estado en contra de Bildu.

Al poco de conocer la decisión de la productora, el Ayuntamiento de San Sebastián lamentó la decisión de la renuncia, si bien agradeció el gesto para evitar «perjudicar a terceros». El equipo municipal aseguró que la decisión «honra» a los miembros de la productora, que se han visto «sometidos» a la «amenaza del Ministerio del Interior».