El 'medicamentazo' llegará en agosto

El maratoniano Consejo Interterritorial de Salud de ayer, de más de cuatro horas, terminó con una clara división entre las comunidades autónoma del Partido Popular y las dominadas por otras siglas políticas, sobre todo, Andalucía y el País Vasco.

Sin embargo, pese a esas regiones díscolas, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció a bombo y platillo el éxito de la «primera fase de la reforma sanitaria» que comenzó con la aprobación del decreto de racionalización en abril y que concluyó con todas las medidas aprobadas en esta consejo y que el Ejecutivo calcula que supondrán un ahorro de 2.200 millones. «Hemos cumplido nuestro compromiso pública, gratuita y de calidad. Ahora serán las comunidades las que deben ponerlas en marcha», explicó Mato.

Al final serán 425 los medicamentos que el Ministerio excluirá de la financiación pública y que supondrá un ahorro de 458 millones de euros. En cualquier caso, habrá que esperar para saber cuáles son, ya que el Ministerio de Sanidad todavía no tiene cerrado el listado definitivo. Eso sí, calculan que la medida entrará en vigor en agosto, un mes después de su aprobación.

Ana Mato volvió a justificar que los fármacos eliminados de la cartera básica de salud están indicados para «síntomas menores» y de «baja incidencia terapéutica» y que servirán para mantener la financiación de nuevas terapias para enfermedades graves. La ministra defendió que la actualización del Nomenclátor (catálogo de fármacos con financiación pública) después de diez años es positiva y equipara a España con el resto de países de la UE en la que ya no se subvencionas la mayoría de fármacos ahora retirados.

Además, la ministra negó que la medida se hubiera tomado sin la participación de las comunidades autónomas, como algunas le reprochaban, y recordó que se realizaron «reuniones de trabajo» en la que cada consejería aportó los medicamentos que consideraba obsoletos.

La polémica supresión afectaría a medicamentos comunes usados para combatir dolencias habituales como la sequedad en las vías respiratorias (mucolíticos), los antidiarreicos o los corticoides contra las hemorroides. También se verían afectados los fármacos para la tos, la inflamación reumática o contra la migraña. De todas formas, el Gobierno se comprometió a vigilar para que las empresas farmacéuticas no aprovechen la oportunidad para incrementar el precio de estos medicamentos.

Por otra parte, el consejo sirvió para dar luz verde a otras medidas como el copago farmacéutico, que junto a la actualización del IPC de las medicina de aportación reducida supondrá un ahorro de 550 millones, según Sanidad. Además, se aplicará un sistema de revisión mensual y trimestral de los precios que permitirá un ahorro de 1.189 millones de euros.

Con todas estas medidas y algunas otras iniciativas, como el uso de genéricos o el límite en la aportación en ortoprotésicos o productos dietéticos, el Gobierno espera ahorrar una cantidad total de 2.200 millones

Oposición

Todas estos planes encontraron en Andalucía una de las más firmes opositoras. La consejera andaluza, María Jesús Montero, criticó el 'medicamentazo' y el escaso tiempo para evaluar los fármacos que el Gobierno pretenden excluir y que conocieron 48 horas antes de la reunión. «Esta medida carga sobre la economía doméstica», aseguró. La consejera calificó el consejo como un «mero trámite burocrático» y expresó su preocupación por la posibilidad de que los fármacos excluidos vean incremento su coste.

Montero aseguró que con estas medidas se están sentando las bases del «desmantelamiento del sistema sanitario tal como lo conocemos». Por eso quiso dejar claro que desde Andalucía seguirán combatiendo jurídicamente los aspectos del decreto que consideren una afrenta para el sistema.

También el País Vasco, a través de su consejero Rafael Bengoa, expresó que su Gobierno no aplicará el copago farmacéutico. Por su parte, el conseller catalán, Boi Ruiz, mostró su escepticismo sobre la exclusión de centenares de productos de la cartera básica y explicó que la Generalitat estará «vigilante» ante las posibles consecuencias negativas para el paciente.