PP y PSOE trasladan al Congreso sus disputas por la estrategia antiterrorista

Las fisuras en la unidad de la lucha antiterrorista que ha abierto la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional no se cierran y ayer fueron aireadas sin disimulo por PP y PSOE en el pleno del Congreso. Fue la primera vez en cuatro años, desde que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero dieron por enterrado el desencuentro por la frustrada negociación con ETA, que los dos grandes partidos chocan en el Parlamento por la estrategia contra la banda.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechó una pregunta sobre los derechos de los homosexuales para acusar al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, de cambiar de política al dar por bueno el retorno a la legalidad de los partidos herederos de Batasuna permitido por la corte de garantías, primero con Bildu y luego con Sortu. Fue la continuación de la discrepancia con el fallo, aceptado por el PSOE, pero muy criticado por el Gobierno y el PP. Ya el viernes pasado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afeó a los socialistas el, a su juicio, cambio de opinión hacia las expresiones políticas de la izquierda abertzale, y ayer completó el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, quien tildó de «incoherencia» la evolución de la postura de los socialistas sobre Sortu.

El secretario general del PSOE y exministro del Interior contestó con una crítica y un aviso al Gobierno. Criticó al Ejecutivo por no querer darse cuenta del cambio de escenario producido por el cese del terrorismo anunciado hace ocho meses por ETA, que obliga a ajustes o rediseños en la estrategia. «La política antiterrorista se adecúa a la situación de ETA -explicó-, y de Bildu a Sortu ha pasado algo absolutamente relevante: que ETA ha dejado definitivamente la violencia». «Fíjese si es relevante -añadió- que de lo que discutimos estos días en España es de cuántos escoltas quitamos a jueces, fiscales y políticos».

Toque de atención

El aviso de Rubalcaba al Gobierno también fue claro. Dijo que le parece «desafortunadísimo» que un ministro utilice «algo tan serio» como la política antiterrorista para alimentar la confrontación partidista en el Congreso, máxime cuando el PSOE «está apoyando firmemente al Gobierno» en la lucha para la liquidación de ETA.

El rifirrafe dejó al descubierto el contraste de las posiciones de unos y otros. El PSOE no ha querido ser explícito, pero tras el cese de la violencia da muestras de que cree que ha llegado el momento de que la izquierda abertzale vuelva a hacer política mientras cumpla la ley. Los populares, por contra, no solo no aceptan los fallos del Constitucional sino que amagan con activar los mecanismos legales para lograr la ilegalización de Amaiur y Bildu, marcas electorales de los independentistas.

El líder de la oposición pudo contestar a las acusaciones de Ruiz-Gallardón porque el presidente del Congreso, Jesús Posada, decidió concederle excepcionalmente la palabra por alusiones del ministro. Posada no ocultó su disgusto por la actitud de Gallardón. El ataque al secretario general del PSOE se producía en un día en que los socialistas habían cerrado filas con el Gobierno en Europa y unos minutos antes de que se celebrase en el hemiciclo la solemne sesión anual de homenaje a las víctimas del terrorismo, un acto instituido en 2010.

La imagen de desunión en política antiterrorista que daba el Parlamento no ayudó en nada para el desarrollo de un acto ya devaluado por el plante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y del resto de las principales asociaciones de víctimas, enfadadas porque, por segundo año consecutivo, no les dejaron hablar en el pleno para exigir la expulsión de todas las marcas de la izquierda abertzale de las instituciones y expresar su malestar con la política de reinserción de presos de ETA del Gobierno. No obstante, algún familiar de víctimas que sí acudió al homenaje se lo dejó claro a Rajoy en los corrillos de la recepción posterior.

Posada, único orador, pronunció un discurso institucional, sin alusión a la polémica, y en el que reclamó que se impidan actos de enaltecimiento de ETA o la equiparación «entre víctimas y verdugos».