El Eurogrupo certifica que España asumirá el impacto del rescate a las entidades financieras

El Eurogrupo avanza con las negociaciones para cerrar el rescate de la banca española. Ayer celebraron otra cumbre telefónica en la que se analizó la petición formal de ayuda del Gobierno español. La cita no deparó grandes conclusiones, pero el club comunitario insistió en su negativa a inyectar los fondos directamente en las entidades como reclama España.

De momento, tampoco se conoce el montante final que se necesitará para las recapitalizaciones. Aunque recordaron que todavía resta el análisis de la troika, los ministros de Economía del bloque dieron por buenas las auditorías que fijaron en 62.000 millones el tope para sanear el sector.

El Eurogrupo aguó una vez más las aspiraciones españolas de lograr un salvavidas directo para la banca. Esta modalidad, que también respaldan Bruselas y el FMI, evitaría que las cuentas públicas carguen con un peso extra por el impacto de las ayudas.

Según algunos cálculos, la deuda podría dispararse hasta el 90%, aunque no se puede olvidar que el Gobierno se beneficiará de unos intereses mucho más bajos que los exigidos por los mercados (el ministerio de Economía estima que se moverá en la horquilla del 3 y el 4%). Los socios de la divisa común ratificaron que la normativa actual impide las inyecciones de capital sin pasar previamente por los estados.

«El Gobierno español será plenamente responsable», confirmaron los ministros de Finanzas de la zona euro tras remarcar que el rescate está «justificado» porque ayudará a «salvaguardar la estabilidad financiera».

La declaración final del club comunitario remarcó que el dinero se transferirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la herramienta financiera empleada por el Gobierno español para sanear el sector bancario. Pese al nuevo rechazo, el Ejecutivo de Rajoy aguarda a los resultados de la cumbre de la UE de hoy y mañana en Bruselas para ver si finalmente la normativa puede flexibilizarse.

Bruselas defiende las inyecciones directas como una vía para romper el «círculo vicioso» formado por la banca y la deuda pública. Hasta ahora, el Ejecutivo alemán ha exigido poder controlar a través de los gobiernos el uso del dinero, pero la unión bancaria que se negocia podría contribuir a allanar el camino.

Por el momento, el proceso habrá de aguardar al examen que preparan los técnicos de la Comisión, el BCE, la Autoridad Bancaria y el FMI. La intención es que los detalles finales se conozcan en una nueva cumbre prevista para el 9 de julio.

Los inspectores comunitarios, bautizados por Cristóbal Montoro como los «hombre de negro», ya se encuentran en Madrid. Tras llegar escalonadamente a lo largo de los últimos días, ayer empezaron a trabajar en su diagnóstico del sector. Su cometido se completará con la redacción del memorando de entendimiento, el contrato que rubricará el Gobierno con las condiciones del rescate.

El Eurogrupo precisó que las exigencias se ceñirán solamente a las entidades auxiliadas y contemplarán una «reforma estructural horizontal» que afectará a la regulación de toda la banca.

En paralelo a estos preparativos, Bruselas aprobó en primera instancia la nacionalización de Bankia y reclamó la presentación en seis meses de un «profundo» plan de reestructuración.

En ayuda de Chipre

El club del euro no solo tuvo que tratar ayer el problema del rescate español. Tras formalizar una petición de socorro el pasado lunes, Chipre se convirtió en el quinto país del bloque del euro que se ve obligado a lanzar un SOS. Se había especulado con que la isla mediterránea podría solicitar un salvavidas al estilo de España limitado al sistema financiero, pero el Eurogrupo descartó de pleno esta posibilidad.

Los socios decidieron apostar por un programa completo que incluya ajustes y reformas. La economía chipriota es minúscula a escala europea y su sector financiero se ha visto muy lastrado por la exposición a los vaivenes de la economía de Grecia.

Según diversas estimaciones, el rescate de Chipre -país integrante de la eurozona desde el 1 de enero de 2008- podría requerir una inyección de 10.000 millones de euros.