El Supremo contra Obama

Hay muchas barreras silenciosas que se han cruzado en EE UU desde que por primera vez un afroamericano llegase a la Casa Blanca. Son pequeñas grandes faltas de respeto a la autoridad del presidente que, todas juntas, demuestran que el racismo subyace en la sociedad, porque quienes difieren con el mandatario por primera vez no creen necesario reprimirse para guardar las formas.

Primero fue un congresista que llamó a Barack Obama «mentiroso» a pleno pulmón en el Congreso. Hace poco un periodista interrumpió a gritos a Obama durante uno de sus discursos en la Casa Blanca y el lunes el juez del Supremo Antonin Scalia escribió 22 páginas de opinión disidente sobre la ley antiinmigración de Arizona criticando incluso políticas que el presidente ha anunciado recientemente en conferencia de prensa, sin que nadie las haya cuestionado todavía en ningún tribunal. Los expertos no recuerdan ningún precedente.

Como regla no escrita, los jueces del Supremo, que con sus cargos vitalicios están más allá de cualquier Congreso o presidente, se abstienen de hablar de política en público, mucho más en sus sentencias. Pero sobre todo, se cuidan de comentar leyes que pueden acabar sobre su mesa, porque estas opiniones emitidas en público les retratan como seres imparciales que en justicia deberían recusarse si un día les toca decidir la validez de esa política en cuestión.

Scalia se saltó el lunes todo ese glosario de conducta tácita con la excusa de que el presidente informó en conferencia de prensa de un cambio de política migratoria mientras el Tribunal Supremo decidía la suerte de la Ley de Arizona. Para entonces, hace solo diez días, habían pasado cuatro meses desde que las partes presentaran sus argumentos al Supremo. Todo el mundo coincide en que el tribunal ya había tomado una decisión, pero Scalia seguía con celo las conferencias de prensa de Obama y los blog conservadores, de donde parece haber cogido datos para su opinión disidente.

Según escribió, «mientras este caso estaba siendo argumentado la secretaria de Seguridad Nacional anunció un programa que exonerará a 1.4 millones de emigrantes ilegales». Se refería a los jóvenes menores de 30 años que llegaron ilegalmente a EE UU de la mano de sus padres cuando todavía no podían decidir por sí mismos, pero que han estudiado una carrera o ingresado en el Ejército sin que tengan acceso al sueño americano por no tener tarjeta de residentes. En la estimación del Gobierno los llamados «soñadores» son 800.000, no 1,4 millones como apuntan los medios conservadores que lee Scalia.

«Lo correcto»

«El presidente dijo que el nuevo programa consiste en hacer lo correcto en vistas del fracaso del Congreso para pasar la revisión de la Ley de Inmigración que el Gobierno propone», escribió. «Tal vez es lo correcto, pero Arizona puede no pensar lo mismo. Decir, como dice el tribunal, que Arizona contradice la ley federal porque aplica la Ley de Inmigración que el presidente se niega a cumplir le deja a uno pasmado».

Al acusar a la Administración Obama de no hacer cumplir las leyes migratorias se olvida de que este Gobierno ha sido el más duro de todos con los emigrantes ilegales, tras deportar 1,4 millones de personas, precisamente en el momento en que menos mexicanos intentan cruzar el río Bravo, debido en parte a las condiciones económicas.

Con todo, este juez católico, hijo de emigrantes sicilianos, que Ronald Reagan eligiese para el Supremo en 1986, califica de «malvados» los efectos de la inmigración ilegal y aboga para que Arizona, y cualquier otro estado sea libre de expulsar de su territorio a quien quiera. Por suerte para el Gobierno de Obama, la mayoría del Supremo ha considerado que los Estados no pueden inmiscuirse en la política migratoria del gobierno federal, aunque han dejado en pie el controvertido capítulo de la ley que permitirá a la Policía pedir los papeles de residencia a quien detengan por otro delito.