La Audiencia Nacional eleva a Rajoy su malestar por retirar los escoltas

La retirada efectiva de los escoltas a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional ha provocado un gran malestar en la sede judicial. La decisión del Ministerio del Interior de reducir de forma significativa la protección y el uso del coche policial ha llevado al presidente del tribunal, Ángel Juanes, y al fiscal jefe, Javier Zaragoza, a enviar una carta al presidente del Gobierno y a los ministros de Justicia e Interior para mostrarles su «preocupación» por la seguridad de jueces y fiscales, que desde hoy se desplazarán a su puesto de trabajo sin protección personal y por sus propios medios.

La misiva llega después del duro pronunciamiento de la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional y de las reuniones informales de los magistrados de la sala de lo Penal y de los juzgados de instrucción, muchos de los cuales conocieron el lunes la medida de Interior en medio de un gran desconcierto.

Este sentir llegó a Mariano Rajoy en la carta que enviaron ayer Juanes y Zaragoza. Un escrito en el que se hace una exposición razonada de la problemática suscitada por la «retirada integral» de los escoltas de este tribunal, que afectará a unos 35 jueces y fiscales, por un lado, y a unos 250 policías, por otro.

Para ello, recuerdan al presidente del Gobierno la «especificidad» de la Audiencia Nacional y, pese a entender la situación económica del país y los recortes ministeriales, señalan que jueces y fiscales no solo investigan causas de terrorismo, sino otras amenazas inherentes para ellos como el crimen organizado de las mafias o los casos de corrupción a gran escala.

La Unión Progresista de Fiscales también advirtió ayer del «riesgo real» que continúan sufriendo los jueces y fiscales por los asuntos de «gran relevancia pública» en los que participan, y destacó que la retirada de sus escoltas influirá en su trabajo porque, en muchos casos, «perderán la necesaria paz y sosiego para realizarlo correctamente». «Nos llama la atención que (Interior) mantenga la protección a determinados cargos políticos no expuestos a este nivel de riesgo», criticó el colectivo en un comunicado.

Solo se salvan de esta reducción de guardaespaldas el propio presidente del tribunal, el fiscal jefe, el teniente fiscal Fernando Burgos, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrrubia, y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.

Enfado policial

Por una cosa o por otra, la rebaja de la protección en la Audiencia Nacional ha provocado un gran malestar entre los afectados, y también entre los propios escoltas, que ayer conocieron sus nuevos destinos en diferentes reuniones celebradas en la sede judicial.

Sin ir más lejos, el Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el cuerpo, reclamó la dimisión del ministro por su «improvisación», ya que no puede ser que «mil policías vayan a ser retirados de su servicio habitual en el día de hoy y no sepan mañana cual es su nuevo destino», en referencia a la totalidad de la plantilla de escoltas que sufrirán estos cambios.

El sindicato, no obstante, consideró que el fondo de la decisión de Interior es positiva ante el cese de la actividad terrorista, su alto coste y el mal uso que hacían algunos de los protegidos del servicio de seguridad.

El Ministerio del Interior, no obstante, quiso precisar que en el caso de la Audiencia Nacional y en el resto de órganos judiciales en los que se recortará la protección, Tribunal Supremo, Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, se informó a sus responsables con suficiente antelación. De ahí que no comprendan el malestar de los jueces y fiscales de la Audiencia porque sus superiores tenían toda la información desde hace tiempo.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, salió en defensa de Fernández Díaz y aseguró que la retirada de la protección obedece a «un criterio profesional después de que Interior haya hecho un estudio pormenorizado, concreto e individualizado» sobre qué personas necesitan protección policial. En total, 1.700 personas se beneficiaban de la escolta, lo que generaba un gasto anual de 160 millones.

La medida llegará mañana al Tribunal Supremo, y el lunes ya lo hizo al Consejo del Poder Judicial. La diferencia con los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional es que los magistrados y los vocales no perderán el coche oficial, ya que pertenece al parque móvil, que depende de Hacienda, y no de Interior.