Interior y los escoltas

El día fijado para que el Gobierno español formalizara la solicitud de rescate bancario ante el Eurogrupo el Ibex acabó perdiendo un 3,67%, la prima de riesgo volvió a situarse en 517 puntos y el bono a diez años en el 6,6%. A las dudas suscitadas por la exasperante indefinición de los términos del rescate se le sumó el anuncio de que Moody's se disponía a rebajar la calificación del sistema bancario español. De esta manera, en un lunes que ofreció datos análogos en las demás plazas europeas, los mercados transmitieron un mensaje de exigencia a la cumbre que la Unión celebrará durante el próximo jueves y viernes. El temor a que tan esperada cita no ofrezca más que una enésima declaración de intenciones -esta vez en torno a la ineludible integración fiscal y financiera- enerva a los inversores sin que los protagonistas principales del encuentro muestren una especial preocupación por avanzar con decisiones tangibles. El cruce de mensajes entre Bruselas y Berlín por un lado y los países con necesidades financieras por el otro se ha convertido en la escena recurrente que también ayer concedía a la Comisión una apariencia resolutiva frente a la parsimonia con la que la España de Rajoy acostumbra a tomarse las cosas. Pero por cuestionable que sea el tacticismo instintivo con el que, a cada paso, el Gobierno transfiere a Bruselas la determinación de la magnitud del rescate, sus plazos e intereses, su fuente y sus condiciones, la Comisión tampoco puede ocultar -tras los requerimientos con los que insta a España- su propia neutralización en medio del conflicto de intereses que encarnan Alemania y el núcleo del euro respecto a Francia y a los países periféricos. En cualquier caso la indefinición no puede seguir siendo el socorrido recurso con el que los responsables institucionales minimizan los costes políticos de su actuación. Ayer, Rajoy anunció, mediante otra de sus frases lacónicas, más «medidas difíciles» para lo que resta de 2012, al tiempo que el vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia, advertía de que las recomendaciones de dicha institución son «vinculantes» para España. La opinión pública puede ser comprensiva ante las cautelas con las que las instituciones han de moverse frente a las incertidumbres financieras y su volatilidad, pero el secretismo y la opacidad generan desconfianza respecto a las intenciones y a la capacidad real de los dirigentes públicos.

Tras reducir significativamente las escoltas policiales, que velaban por la seguridad de los políticos en Euskadi y en el resto de España, Interior ha anunciado la retirada de la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dentro del plan de «reordenación» que entrará en vigor esta semana. Tan sólo la cúpula de estas instituciones y algún cargo sensible mantendrá protección. Los fiscales de la Audiencia Nacional han protestado por la medida con el argumento de que ETA todavía no se ha disuelto. Es de suponer que el Ministerio del Interior no cometería la irresponsabilidad de desproteger a los jueces y fiscales, y en especial a los que conocen casos de terrorismo, si existiera la menor posibilidad de que ETA volviese a cometer un atentado. Sin embargo, resultaría lógico que Interior mantuviera al respecto un único discurso: no es razonable que el ministro sugiera a veces que ETA sigue siendo un peligro larvado para determinados fines políticos mientras toma decisiones policiales que solo son inteligibles si tiene la certeza de que no volverán a atentar.