Activistas contrarios a la ley de Arizona se consuelan tras conocer el fallo. :: DARRYL WEBB / REUTERS
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Obama gana, los 'sin papeles' no

El Gobierno federal ve reconocida su hegemonía en materia migratoria pero el presidente se declara preocupado por el fallo El Supremo de EE UU no elimina el polémico artículo de la ley de Arizona

NUEVA YORK. Actualizado: Guardar
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El asalto protagonizado por el Gobierno de Arizona para arrogarse importantes competencias en materia de inmigración reservadas históricamente al Ejecutivo federal se topó ayer con una respuesta clara del Tribunal Supremo de EE UU, que declaró inconstitucional el grueso de la polémica Ley SB1070 promulgada por la Cámara de aquel Estado en abril de 2010.

Atendiendo al calibre de los aspectos jurídicos y políticos en juego, la Administración Obama se erige como aparente triunfadora del desafío si bien los magistrados optaron por no bloquear el aspecto más controvertido de la medida y el que más temen los inmigrantes: el que otorga a la Policía local la posibilidad de pedir papeles a aquellas personas sobre las que tengan «dudas razonables» de que son indocumentados.

En una muestra de que este apartado por si solo era una de las grandes bazas perseguidas, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, se felicitó enseguida de que el fallo «es una victoria para el imperio de la ley y la décima enmienda de la Constitución», la más específica sobre el rol de los Estados en la defensa de sus ciudadanos. Brewe, que con su iniciativa animó a sus vecinos del sur a promulgar medidas similares, hizo votos por observar a pies juntillas la nueva doctrina del Supremo y vaticinó que «el corazón de la ley se implementará bajo los preceptos de la Carta Magna».

Más comedido, el presidente estadounidense envió un claro mensaje a la comunidad inmigrante al mostrarse «preocupado» por el hecho de que se mantengan los controles de identidad en Arizona. Luego puso el acento en que la decisión del Supremo impide detener a alguien solo para verificar su situación migratoria. «Ningún estadounidense debe jamás vivir bajo sospecha debido a su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses», señaló Obama.

Sospecha razonable

En su resolución, el máximo tribunal señala que la Policía estatal puede interrogar y detener momentáneamente a inmigrantes en caso de que los agentes tengan una «sospecha razonable» de que se encuentra de forma ilegal en el país. Sin embargo, advierte que las fuerzas del orden tienen una autoridad limitada en este tipo de operativos y siempre tendrán que verificar con agentes de inmigración federales antes de decidir la detención y la inculpación criminal de los sospechosos.

La comunidad inmigrante de EE UU, por boca de sus numerosas asociaciones, rechazaron el fallo del Supremo porque cree que la Policía gozará de suficiente discrecionalidad para establecer qué personas merecen la etiqueta de «sospechoso razonable» sin que medie una orden judicial.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles, declaró que «miles de personas, incluyendo a residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses, caerán presa de la cacería al azar de fuerzas antiinmigrantes comandadas por el sheriff Joe Arpaio, que buscan imponer el sufrimiento, prejuicio y exilio en familias enteras basándose en el color de la piel, lengua, forma de vestir o etnia».

En San Diego, la abogada de inmigración Lilia Velásquez se hizo eco de la opinión de «numerosos expertos» sobre la ola de temor que va a disparar la ley en la comunidad inmigrante. «Las víctimas de un crimen tendrán miedo de llamar a la Policía, porque le pedirán papeles y serán deportados del país. Eso ya se había advertido», precisó. Velásquez añadió que los padres de familia «sentirán pavor enviar a sus hijos a la escuela» y advirtió que es casi imposible que un Policía no eche mano del «perfil racial» para determinar que una persona se encuentra en EE UU sin documentos. «El perfil racial se usa», puntualizó. «Y ahora con este nuevo fallo del Tribunal Supremo, les va a dar a estos agentes del orden la oportunidad de decir que todo se vale. Y si a esto agregamos que es difícil para una persona vivir aquí, ahora demandar por la defensa de sus derechos civiles será todavía más complejo y delicado».