Las dudas asaltan el copago

El copago farmacéutico está a punto de echar a andar. La urgente necesidad de ahorrar 7.000 millones de euros ante la «insostenibilidad» del déficit en las cuentas públicas sanitarias derivó el pasado mes de abril en el anuncio de un «reordenamiento» de la cartera de servicios. Y en esa tarea está el Ministerio de Sanidad. A siete días de que entre en vigor el copago la incertidumbre planea sobre él: quedan cabos sueltos por atar (se desconoce qué sistema se adoptará para ponerlo en práctica) y tormentas que capear (algunas Comunidades Autónomas muestran reticencias). Con este panorama, lo único seguro a día de hoy es que a partir del 1 de julio los pacientes aflojarán más sus bolsillos.

Por primera vez, los jubilados asumirán parte del gasto de sus medicamentos. Todos ellos -ocho millones- pagarán el 10% de su coste, pero con un límite mensual que varía en función de sus ingresos. Así, quien no supere los 18.000 euros abonará un máximo de 8; quien ingrese entre los 18.000 y los 100.000 hasta 18 euros; y quien supere los 100.000 pagará hasta 60 euros. Si los jubilados superan el tope, se les devolverá la diferencia en un periodo máximo de un semestre. ¿Cómo? No está definido. La ministra Ana Mato aboga por la tarjeta sanitaria electrónica, pero solo siete autonomías disponen de ella.

Mientras los jubilados dicen adiós a la gratuidad de los fármacos, el resto de pacientes -salvo los parados de larga duración- afrontan un mayor desembolso económico por ellos (el 40%, el 50% o el 60% de su coste), también vinculado al nivel de renta. Los umbrales establecidos en función de los datos fiscales de 2010 arrojan otra incógnita: ¿qué sucederá con los desempleados que en el último año han pasado a formar del grupo de larga duración?

Ante las dudas que despierta el copago, el Ministerio se apresuró a lanzar un mensaje de tranquilidad. La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, aseguró esta semana que su departamento ha hecho los deberes y se están «cumpliendo todos los plazos y con generosidad». Aunque no aclaró cuál será el sistema que utilizarán las autonomías para llevar a cabo la medida, sí adelantó que los 44 millones de usuarios del Sistema Nacional de Salud cuentan ya con un código identificativo que revela el coste proporcional que abonará cada uno (del 001 al 006). Para ello es necesario que el Ministerio transfiera los datos fiscales a las consejerías de Sanidad, una información que Cataluña no ha recibido hasta hace un par de días.

Su conseller de Salud, Boi Ruiz, augura «dificultades» en la aplicación del nuevo sistema. Opinión que comparten los farmacéuticos. «No hay tiempo material para implantar el copago», subraya el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Fernando Redondo. A su juicio, Farjas «peca de optimista» al decir que el 1 de julio estará todo listo. Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, también pone en duda que se llegue a tiempo, por una cuestión de falta de medios y de información.

Dudas aparte, la medida aterriza, en una semana, con vocación disuasoria. El derroche farmacéutico desembocó en 2011 en la destrucción de 3.700 toneladas de medicamentos, lo que supuso un coste de 1.200 millones para las arcas públicas. Según un estudio ('Proyección y consecuencias del RDL 16/2012'), la implantación del copago revertirá en un ahorro de entre 500 y 600 millones para el Estado. Eso sí, el informe estima que los españoles pagarán 551 millones más al año y las farmacias dejarán de ingresar cerca de 200.

La medida choca con la oposición de algunas comunidades. País Vasco es la que se muestra más beligerante. El Gobierno vasco se agarra a las competencias que le concede su Estatuto para garantizar la gratuidad de los medicamentos a los jubilados, así como que el resto de la población siga pagando el 40%, como hasta ahora. Andalucía sí acatará la nueva normativa «por imperativo legal», aunque sus farmacéuticos dejarán de cobrar los medicamentos a los jubilados cuando estos superen el tope que refleja el decreto.

Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Castilla y León o la Comunidad Valenciana llevaron su malestar por el impago de medicamentos hasta la huelga. Farmaindustria calcula que el Estado debe a los proveedores 1.500 millones y lamenta que «el peso de las decisiones para reducir el déficit sanitario recaiga sobre el medicamento».